El Conap presentó una acción de inconstitucionalidad total contra la prórroga del contrato de Perenco, aprobado por el presidente ílvaro Colom el 27 de julio de 2010; el abogado Rodolfo Rohrmoser, ponente de la denuncia, indicó que con esta acción «nos separamos de los anteriores intentos de amparo, ya que invocamos violaciones severas a tratados internacionales de derechos humanos».

El Consejo Nacional de íreas protegidas (Conap) -una entidad gubernamental que depende directamente a la Presidencia de la República- presentó una acción inconstitucional total contra el propio Gobierno y el Estado de Guatemala, por el Acuerdo Gubernativo 214-2010 que autoriza la prórroga del contrato petrolero de Perenco (que opera en el área protegida de la Laguna del Tigre, departamento del Petén) a la Corte de Constitucionalidad (CC) argumentando serias violaciones a la Constitución de la República, leyes del paí­s y tratados internacionales.

El abogado Rodolfo Rohrmoser comentó que la determinación de accionar contra Perenco comenzó a trabajarse, luego de la decisión tomada por el presidente ílvaro Colom; no es que el Conap se haya tardado, se trata de un memorial de 50 hojas y que se tuvo que meditar muy a fondo cada argumento y «nos separamos de los anteriores intentos de amparo, ya que invocamos violaciones severas a tratados internacionales de derechos humanos».

El abogado manifiesta que, de no resolverse en las cortes nacionales, se plantearán acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que podrí­a condenar al paí­s por violación a derechos humanos, ya que esta decisión afecta a toda Guatemala y a la organización mundial ya que ésta área fue declarada protegida como patrimonio natural de la humanidad.

SANCIONES

De acuerdo con Rohrmoser, no se trata sólo de una violación a la naturaleza por tratarse de un área protegida que se encuentra severamente dañada debido a la actividad petrolera en esa zona, sino por una serie de multas y demás implicaciones que el paí­s deberá pagar por haber violado leyes internacionales.

«El problema es que, de no cumplirse las disposiciones internacionales, habrí­a serias repercusiones para Guatemala, entre ellas: multas, daños y perjuicios que tendrí­an que salir del presupuesto nacional», puntualizó.

REACCIí“N

Antonio Minondo, gerente Administrativo de Perenco, comentó que es insostenible que el Conap realice este tipo de acciones, cuando es el principal beneficiario del acuerdo que aprobó la extensión del contrato de la petrolera.

«El mandato del Conap es proteger y administrar los parques nacionales y toda Guatemala sabe que no lo han hecho y se ha documentado por todos los medios de información sobre la pobre protección al área protegida de la Laguna del Tigre. Ellos (Conap) debieran estar agradecidos y cooperando con todos los que estamos apoyando a la protección de esta área».