Cualquier guatemalteco o grupo empresarial del país podría hacer un extraordinario negocio si le dieran en concesión no sólo el terreno para construir un puerto sino los accesos marítimos necesarios para operar, sobre todo si el costo de esa enorme ventaja se sitúa en la ridícula suma de un millón de dólares al año.

No hay banco, ni siquiera en estos tiempos de crisis mundial, que no considere financiar una operación que tiene prácticamente cero costo porque no se puede negar que es un regalo que le den a uno 348,171.81 metros cuadrados más el área marítima adyacente que haga falta para la operación portuaria, pagando menos de un millón de dólares anuales.
 
 Una empresa como la española TCB puede tener problemas en otros países del mundo donde las autoridades hayan sido más cuidadosas de su patrimonio, pero no en Guatemala porque, repito, cualquier banco estará dispuesto a financiar la construcción de un puerto en el que la tasa de retorno está totalmente asegurada. Además, en poco tiempo la nueva terminal, como le dicen al nuevo puerto para no decir que hubo privatización, habrá despegado y quebrará a su única competencia que es el actual puerto.
 
 Legalmente en este país cualquier funcionario puede hacer micos y pericos con los bienes del Estado porque las leyes están hechas precisamente para alentar la corrupción. Cuando se reguló que la Portuaria Quetzal podría dar en arrendamiento espacios de su propiedad, no se hizo con la idea de que pudieran dar en arrendamiento su patrimonio para la construcción de un nuevo puerto sin que nadie, ni el Congreso ni mucho menos la opinión pública, tengan nada que decir. La Ley Orgánica de la Portuaria viene de tiempos de Mejía Víctores y con base en ese viejo instrumento y en la maniobra de la intervención, el gobierno de Pérez Molina se tiró el negocio del siglo.
 
 Si la Portuaria hubiera sacado a concurso o licitación el arrendamiento para construir la nueva “terminal”, eufemismo para hablar del nuevo puerto, seguramente que las ofertas hubieran sido más jugosas que la que privadamente, de manera sigilosa y vergonzosa, presentó la empresa española. Bastó constituir una sociedad de cinco mil quetzales, como aquella que se hizo para comprar Guatel, para presentar una oferta que fue aceptada rápidamente por las autoridades y que se concretó en escritura pública que se mantuvo oculta hasta que el partido Lider recibió la filtración que debe haber hecho algún guatemalteco digno que entendió la maniobra y buscó la forma de hacerla pública para que no se materializara tranquilamente el desaguisado.
 
 Repito que a cambio de un millón de dólares al año se le entregaron a la empresa casi cincuenta manzanas de terreno (49.440397 manzanas) por 25 años, agregando el área marítima adyacente que necesiten para realizar sus operaciones de fondeo y recepción de barcos. Hasta los que tienen una mano atrás y otra adelante le hubieran entrado a ese negocio porque con el contrato firmado se van con cualquier banco internacional y les proporcionan el dinero para desarrollar el proyecto sabiendo que el costo de la tierra será prácticamente nada porque no se puede negar que fue un regalo.
 
 Pero el regalo lo hizo el Interventor del Puerto, nombrado por el Presidente de la República, con bienes del Estado que pertenecen a una empresa descentralizada y autónoma, según lo dispuesto por Mejía Víctores como Jefe de Estado de facto. Pero esa empresa es del Estado y por ende su patrimonio es de los guatemaltecos y no del interventor ni del Presidente de la República, por lo que es una falta de vergüenza enajenarlo de esa forma, dándolo en calidad de auténtico regalo a los inversionistas españoles que, seguramente nos dirán, son niños vestidos de primera comunión que no saben lo que es una mordida, comisión o trinquete.