El ejemplo podrá parecer grotesco pero ¿con qué autoridad moral podrá el director de un establecimiento educativo, condenado por sus reiterados comportamientos de abuso sexual a menores, juzgar a un profesor acusado de prácticas similares? Esta pregunta me la hice cuando me enteré que mediante sorteo se había integrado una «Comisión Pesquisidora» que definirá «si hay elementos de juicio» para que el Ministerio Público promueva el despojo del derecho de antejuicio a los magistrados que integran el Tribunal Supremo Electoral, sindicados de nueve delitos derivados del sinnúmero de señalamientos de los que fueron objeto durante el desarrollo del proceso celebrado recientemente. Para mí, que sólo faltó escoger a los mismos diputados que han sido señalados de falsificar invitaciones para viajar a costillas del Congreso, de trasegar combustibles o de aquellos que han querido y siguen disfrutando a sus anchas de la partida de viáticos asignada a los diputados.
Eso de pretender cobrar de manera ilegal y amoral «indemnización» (compensación por daño o perjuicio), cuando todos sabemos que fueron electos por tiempo determinado (y que el pueblo fue el perjudicado), vino a terminar de poner su prestigio y honorabilidad literalmente por los suelos. Hay que recordar que la conciencia es algo completamente distinto a un ciego impulso o de un más o menos confuso sentimiento interno. La conciencia es un acto de nuestra inteligencia, es un juicio de la mente basado en hechos determinados, que afirman que en ciertas circunstancias debemos o no debemos hacer o evitar tales o cuales actos si es que queremos ser fieles a la voluntad de Dios sobre nuestras personas. Entre los hecho que todo ser humano debe considerar a la hora de formar su propia conciencia están los valores y principios. No se trata de modo alguno de una limitación a la libertad de los ciudadanos y en especial de los diputados, sino se trata de una orientación hacia esa misma libertad de acción. Es la consecuencia de esa suprema libre actuación que debe constituir la mora y la ética.
Es cierto, todos los ciudadanos somos iguales en obligaciones y derechos, pero no todos lo somos en cuanto a la posesión de valores y principios. Actuar en contra de estos es igual a vivir en anarquía o lo que es lo mismo, seguir imponiendo este sistema a la manera de ser y actuar de los guatemaltecos. Esto no puede, ni debe seguir así. Debemos tomar conciencia que el agente de la autoridad no puede actuar adecuadamente en contra de un machista sorprendido in fraganti agrediendo a una mujer, si ese mismo procedimiento es el que emplea con la suya. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que con nuestra pasividad se cometa tanta inmoralidad?