Es de conocimiento generalizado que el Gobierno de í“scar Berger decidió declarar lesiva la concesión que el Gobierno de ílvaro Arzú realizó del ferrocarril y sus lí­neas a favor de una poco conocida empresa norteamericana, hecho que ha devenido en que estos empresarios, ni cortos ni perezosos, plantean una demanda de más de US$60 millones en contra del Estado de Guatemala.

No es la primera, ni la última vez que al “conejo le disparen las escopetas”. Como la historia lo demuestra, a través del mundo los norteamericanos y sus empresas son abusivos e intocables.

Por qué el Gobierno de Guatemala, que sin duda tiene la información que comprueba que en la década de los 40, en un acto de injustificable abuso, de violación de derechos humanos, no reacciona ante los experimentos abusivos que médicos del Gobierno de Estados Unidos realizaron en más de tres mil guatemaltecos a quienes infectaron de enfermedades venéreas para ver cómo evolucionaban y en algunos casos cómo era efectivo un nuevo medicamento de esa época: la penicilina, en contra de esas enfermedades.

Cómo justificar y aceptar que personas inocentes, reclusos, soldados, minusválidos, huérfanos y un reducido número de mujeres de la llamada vida alegre se utilizaran de forma similar a la que los nazis usaron en los campos de concentración, a seres humanos para averiguar cómo reaccionaban o se comportaban ante experimentos dizque con la intención de poder avanzar médicamente.

Hace más de un año, el Gobierno norteamericano, a través de su Presidente y su Secretaria de Estado, pidió disculpas. Se creó una comisión que ha comprobado e informado públicamente de esas atrocidades. Por qué el Gobierno de Guatemala no contrata abogados en Estados Unidos y en Guatemala y le exige –como mí­nimo- una indemnización de dos millones de dólares o más para cada guatemalteco que fue vejado, infectado y ultrajado.

Que muchos de estos seres humanos no están vivos no impide accionar; tienen descendientes que pueden beneficiarse con un millón de dólares por cada persona infectada y el otro millón servir para construir y equipar hospitales públicos. Ya es hora que el Presidente de la República, como represente de la unidad nacional, demuestre que tiene valor y en lugar de permanecer pasivo e inactivo demande penal, civil y administrativamente al Gobierno de los Estados Unidos.

¿Cuál serí­a la actitud que los Estados Unidos, sus empresas y ciudadanos adoptarí­an si Guatemala hubiera afectado intencional e inhumanamente a un solo norteamericano? La respuesta es más que evidente: ellos no permiten nada que ofrenda, perjudique o lesione a un ciudadano o empresa norteamericana. Es que acaso los derechos humanos no somos todos iguales, no merecemos la misma dignidad, el mismo respeto. ¿Si nuestros derechos son intencionalmente vulnerados no deben nuestros gobiernos respaldar y resolver esas violaciones?

El actual Gobierno no debe esperar más, debe de proceder jurí­dicamente, obtener una indemnización justa y adecuada por cada ser humano guatemalteco que con toda premeditación y alevosí­a fue inhumanamente infectado de sí­filis o gonorrea. No hacerlo es negligencia, es cobardí­a; dejarlo para que el próximo Gobierno lo realice no tiene justificación.

El Presidente de la República sabe que tiene la obligación de reaccionar, de actuar, si no tiene el valor de hacerlo su responsabilidad histórica será enorme. Por ello, debe inmediatamente proceder a demandar y así­ compensar materialmente el enorme abuso que se cometió en contra de niños, mujeres y hombres guatemaltecos en esa época. Su actuar es el ejercer la soberaní­a, lo contrario es la subordinación.