Las condiciones generales de la administración pública en Guatemala han sido correctamente percibidas en el estudio realizado por la entidad Transparencia Internacional que publicó su informe sobre el particular evidenciando un retroceso en la percepción existente con respecto a la forma de utilizar los recursos públicos en el país. El gobierno reaccionó cuestionando el estudio y diciendo que, de todos modos, apenas si es un informe sobre percepción y no sobre “hechos reales y probados”, como si en nuestro país tuviéramos un sistema de fiscalización que permitiera llevar la cuenta de ese tipo de comprobaciones fehacientes de los trinquetes que ocurren todos los días.

Yo recuerdo cuando al hablar con el entonces presidente Ramiro de León Carpio sobre los negocios que ocurrían en la compra de medicinas, tema sobre el que muchas veces habíamos conversado antes de que él llegara al poder, el mandatario me dijo que no podía hacer nada para corregir los desmanes, a menos que yo le presentara pruebas contundentes e irrefutables. Él y yo sabíamos lo que estaba pasando y cómo se hacían los trinquetes y por años criticamos el cinismo de gobernantes que en materia de corrupción pedían que se documentara la prueba.
 
 En países donde existen instrumentos de verificación confiables es posible documentar los casos de corrupción de manera que se pueda deducir la responsabilidad de quienes se enriquecen ilícitamente, pero en un país donde todo está diseñado para encubrir los trinquetes, no hay forma de probar prácticamente nada. Las mismas licitaciones son generalmente una farsa en la que se acomoda todo al gusto del cliente, pero ni siquiera ese mecanismo tan adaptable se usa porque la ley permite las compras directas mediante diversas modalidades que van desde el contrato abierto (y ya sabemos que en arca abierta hasta el justo peca) hasta las compras y contrataciones por excepción que con manga ancha están reguladas en la ley.
 
 Si nos tuviéramos que atener a las estadísticas de los juicios de cuentas contra funcionarios públicos que terminan en condena, debiéramos decir que el nuestro es un país con poquísimos casos de corrupción administrativa. Es más, los informes anuales de las auditorías realizadas por la Contraloría de Cuentas de la Nación reflejan tan pobres resultados que cualquiera debiera decir que aquí no hay trinquetes ni malos manejos en cantidad como para ameritar tanto escándalo. En ese sentido, este y todos los gobiernos pueden hasta presumir de que los funcionarios pueden obtener sin mayor problema su finiquito, mismo que se convierte en carta blanca para seguir haciendo de las suyas.
 
 Y lo peor de todo es que hace cuatro años, los miembros del partido Patriota, encabezados por el general Pérez Molina y su vicepresidenta Baldetti, despotricaban un día sí y otro también contra las maniobras del gobierno de Colom, al que señalaban de corrupto. Todo fue llegar al poder para empezar a recorrer los mismos caminos, realizando el mismo tipo de compras y contrataciones, dando espacio al vigoroso tráfico de influencias que es determinante en todo lo que tiene que ver con la gestión pública en Guatemala.
 
 Un buen ejercicio es sentarse en la Hemeroteca a leer lo que dijo Portillo del gobierno de Arzú. Lo que dijo Berger de Portillo y luego las críticas de Colom hacia Berger para caer en las críticas de Pérez Molina al esposo de doña Sandra. La historia se repite una y otra vez casi al calco. Cambia el estilo, cambian los nombres de los actores, pero el saqueo es idéntico. Puede haber más o menos sofisticación para el negocio y también más o menos ganancia. Pero con o sin leyes de transparencia, aquí vemos la misma flor floreada.