La ley anticorrupción, que urgen los diversos sectores sociales, aún no ha sido aprobada por el Congreso de la República para luego ser promulgada, no obstante que merece primerísima prioridad al igual que otras.
¿Qué estará pasando? ¿Por qué no ha sido aprobada de modo exhaustivo? ¿Qué intereses estarán motivando su no aprobación? ¿Los intereses de los corruptos en acción o en potencia?
Cierto es, como se cree, que con ley y sin ley contra la corrupción siempre habrá tamañas garfadas a lo alto, a lo intermedio y a lo bajo de la frondosa burocracia.
¡Hecha la ley, hecha la trampa, se ha dicho!, y eso es axiomático.
Se reconoce que la corruptela viene de lejos, de muy lejos, pues los funcionarios de las diversas jerarquías, que pasaron por los puentes de mando, hicieron sus antojos a más no poder, sobre todo en los primeros meses de actuación, cuando estaban de moda los frecuentes relevos de los últimos tiempos…
La corrupción ha echado profundas raíces, como una Ceiba -el árbol nacional- y por esa razón a estas fechas la situación se ha complicado.
En la altura y en la llanura hay podredumbre moral porque, como se sabe, cada compra, cada contrato, cada obra que se realiza es sobrevaluada. Difícilmente desaparecerá ese problemón. Ni que surja otro dictador como el general Ubico sanaría el paciente; es decir, el Papá Estado que, a pesar de lo que se diga, sigue de capa caída.
Y es que hay mucha flojera entre la gente que paladea los manjares del poder público para frenar tan penosa como repugnante lacra. socio-burocrática.
Podría decirse que destituyendo, consignando a los tribunales de justicia y metiendo en Pavón a los corruptos, otro sería el cantar; mas, infortunadamente, los señores que están para administrar pronta y eficazmente la justicia, casi a todos los sindicados los dejan libres de un día para otro por no contar con suficientes elementos probatorios.
Las personas que podrían declarar para dar fuerza jurídica a los procesos penales, por lo regular, casi por lo general, rehúsan atestiguar, aun cuando les conste fehacientemente la comisión de tal o cual delito, por temer que los indiciados los coloquen en peligrosa encrucijada imaginable ahora que danza macabramente hasta en los últimos rincones del país la incontenible y progresiva inseguridad.
Es más, no es fácil para las autoridades policiales y judiciales detectar las huellas que podrían haber dejado los honestísimos corruptos (¡…!), ya que estos han tenido buen cuidado de no dejarlas o de borrarlas para que todas sus niñerías queden en la impunidad que campea en este alegre patio ístmico.
Empero, con interés y decisión puede hacerse algo positivo que desagravie a la patria y a la familia guatemalteca.
Los señores diputados de los diferentes grupos políticos deben comprender que se requiere honestidad, decencia, en el manejo de todos los negocios propios de la cosa pública.
Debe ponerse en su sitio (en la cárcel) no sólo a los corruptos, sino también a los conductores. Unos y otros deben ser colocados bajo los mismos cartabones de la justicia para que pasen por las horcas caudinas ante la opinión pública.
Se está haciendo tarde para que los llamados padres de la patria den los últimos toques a la ley en mención, a fin de que los gobiernos del presente y del futuro no sigan cometiendo los pecados de la corruptela. Es posible que el decreto pueda cobrar vigencia cuando salga a luz este comentario, pero no está demás que nuestra opinión esté refucilando hoy.
Los burócratas, sobre todo los más encumbrados, deberían estar satisfechos, felicitándose por tener oportunidad de ocupar posiciones remuneradas jugosamente, lo que casi no ocurre en las chambas del sector privado.
Los diputados, por ejemplo, han llegado hasta el hartazgo recibiendo sueldos elevados, tan elevados como para que se olviden de la voracidad y de la corrupción que se endilga a muchos. Diremos, en obsequio de la realidad y de la justicia, que son pocos, muy pocos, los representantes honestos.
Consideramos, finalmente, que la sociedad toda, puede decirse, está ejerciendo fuerte presión para que el ruidoso y sombrío caserón de la novena avenida emita y dé a conocer sin más pérdida de tiempo la bendita Ley Anticorrupción. No hay razón valedera para que sufra tanta demora. El Congreso, como es sabido, ha perdido mucho prestigio, y si continúa poniendo excusas y pretextos frívolos y asaz inaceptables, puede provocar una tremenda retopada popular que afectaría a todo el gobierno.