No dudo que muchos ciudadanos concurrirán con un amargo sabor a ejercer el voto. El desarrollo de la campaña ha sido agresivo y ofensivo, se han faltado el respeto, le han faltado el respeto a la mujer y también han ofendido el sentimiento de los guatemaltecos, especialmente de quien se encuentra en pobreza y extrema pobreza, al derrochar publicidad en afiches, vallas y propaganda en cantidades como nunca antes en la historia polí­tica de Guatemala.

Comprendo, como persona que activamente participó en varias campañas electorales, que ante la presión y la oportunidad, ambos partidos polí­ticos no han sabido limitar el uso de los recursos que les han proporcionado sus patrocinadores, pero hasta en ese sentido debe tenerse un control ético y moral. Cuando se piensa que uno solo de los afiches, colocados por miles de miles en los postes, vale más que la totalidad del ingreso de un dí­a de trabajo de la mayorí­a de los asalariados, no puede dejar de pensarse que en Chiquimula, Quiché, Quetzaltenango y Alta Verapaz, etc., un chortí­, quiché, cakchiquel, mam o pocomam, resolverí­a todas sus necesidades de un año con lo que se gastó en la segunda vuelta en vallas y afiches en una sola cuadra.

Concurriremos a votar con la boca amarga, pero con la responsabilidad de cumplir con nuestra obligación cí­vica y moral de escoger el binomio que a nuestro leal saber y entender sea el menos inadecuado. Eso también nos entristece, no estamos votando por el ideal, no estamos votando con el entusiasmo con que se eligió hace ocho años, ese sentimiento de alegrí­a y de participación cí­vica no está.

La esperanza con que concurriremos a votar es poca, la mano con que marcaremos la papeleta es débil, ojalá que el resultado no sea el inicio de una frustración cada vez mayor.

Nosotros cumpliremos con elegir, pero ¿cumplirán los electos con la enorme responsabilidad de buscar el bien común, de desligarse de quienes los patrocinaron, de rechazar las abusivas y a veces ilegales solicitudes que se les exonere, como fue mi experiencia, de una multimillonaria multa porque una de sus inversiones, producto de algún contrato con el sector público, está atrasada y por consiguiente ha incurrido en mora y multa?

¿Comprenderá la supercúpula económica que su derecho de picaporte como contribuyentes a la campaña de uno o de los dos binomios no justifica aumentar los precios de la canasta básica, no pagar impuestos debidamente, mermarle los ingresos que le permitan al Estado cumplir con sus obligaciones de seguridad, justicia y de bienestar a través de la educación, salud, infraestructura, salarios mí­nimos y las prestaciones como las pensiones a la tercera edad? La respuesta la recibiremos en los próximos cuatro años de gobierno.