Según información del matutino Prensa Libre en su emisión del día de hoy, viernes 3 de agosto, el Ministerio Público informó que tiene más de cien pruebas en contra de Eduardo Meyer, exdiputado y expresidente del Congreso de la República, quien en el año 2008, precisamente fue señalado del desvío de más de 82 millones de quetzales de los “ahorros” del Congreso de la República, que fueron enviados a la casa de bolsa Mercado de Futuros (MDF).

Por supuesto cualquier persona que sabe de inversiones conoce que la relación riesgo beneficio, permanentemente acompaña y nunca se desliga de estas inversiones y está en el inversionista el dar instrucciones a su agente de bolsa o casa de bolsa para que asuma más o menos riesgos en sus inversiones o en la misma Casa de Bolsa o agente el sugerir qué conviene o no al inversionista, según su aversión al riesgo, renta esperada y salida. Evidentemente ante esto no cabe mucha explicación ni análisis, el problema radica en que el señor Meyer no era cualquier inversionista y el dinero que manejaba no era suyo y resulta entonces que bajo la recomendación, sugerencia o asesoría de un fulano que para ese entonces fungía como Jefe Financiero del Congreso de la República y que según parece cobró comisión por conseguir la inversión para Mercado de Futuros, estimó que dicha Casa de Bolsa era la entidad adecuada para manejar los ahorros del Congreso que presidía y los envió ahí. Como suele suceder lo que empieza torcido termina enredado y es que resulta que el Congreso de la República  que es parte del Estado de Guatemala y que como consecuencia de ser una entidad pública, no puede tener ahorros. Es decir, si el Congreso de la República o cualquier otra entidad autónoma o no autónoma del Gobierno presupuesta sus ingresos y egresos del año no es para que dentro de dicho presupuesto, si sobra dinero, lo ahorren. Es un principio de ejecución presupuestaria que un buen presupuesto es aquel que cumple su finalidad y en consecuencia el sobrante de dinero de un presupuesto podría ser indicio de falta de ejecución de programas de incumplimiento de planes o de falta de actividad de la entidad del Estado que presupuestó una determinada cantidad de gastos para cumplir con su función y simplemente no la ejecutó. En nuestro País o cuando menos en el Congreso de la República al parecer se les olvidó que aquel presupuesto del Estado que no es ejecutado debe de regresar al fondo común del mismo a efecto de que aparezca como presupuesto no ejecutado y el dinero que ahí termine pueda ser utilizado como un fondo común del Estado para dotar de fondos al nuevo presupuesto que debe de generarse año con año.    Hasta el momento por esta serie de desavenencias legales, interpretaciones folclóricas o incumplimiento de la ley, según como quiera verse, el exdirectivo de MDF es el único que guarda prisión y al parecer se iniciará juicio en contra de Eduardo Meyer Maldonado, seguro deben de deducírsele responsabilidades a él y a los otros funcionarios que resulten implicados. El problema es que el arca sigue abierta, continúan los “ahorros” del Congreso y no se hace nada por que se cumpla la ley.