Ya con muchos años sobre mis hombros me recordé de las manifestaciones de protestas callejeras en las que participé, incluso cuando decenas de reporteros portando pancartas exigimos a voz en cuello el aumento de salarios y el reconocimiento del Sindicato de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social, lo que obtuvimos en pleno desafí­o al gobierno militar de la época.

    Pensaba esa mañana que quizá sólo estábamos haciendo el ridí­culo y que éramos el hazmerreí­r de los diputados que se confabularon para incluir entre probos juristas a deshonestos abogados que se burlan de la Ley, especialmente una cí­nica magistrada, para integrar la ya desacreditada Corte Suprema de Justicia, porque ni editoriales, artí­culos de opinión, análisis ponderados, crí­ticas de la sociedad civil, presiones de la comunidad internacional, evidencias mostradas por el comisionado de la CICIG ni declaraciones del propio Secretario General de la ONU habí­an logrado hasta entonces convencer a los congresistas de dar marcha atrás en su primaria decisión, hasta que intervino la Corte de Constitucionalidad, con el magistrado Francisco Flores a la cabeza.

   De pie frente al grisáceo edificio donde se reúnen los padres de la patria -dicho sea sin el menor asomo de sarcasmo- reflexionaba acerca de lo que habrí­an pensando en el momento de votar inicialmente algunos honorables diputados amigos mí­os que se habrí­an  plegado a la mayorí­a de los parlamentarios para favorecer a los abogados señalados de carecer de honorabilidad.

   Mientras mujeres columnistas se afanaban en intentar sacar la mugre de la banqueta y articulistas varones hací­an tareas similares, en un momento dado pensé en el diputado José Alejandro Arévalo y me recordé de su paso por el Banco de Guatemala, cuando fungió de subgerente y posteriormente de gerente, derivado de sus méritos profesionales, su integridad personal y sus entrega sin regateos al trabajo constante, incluyendo fines de semana y dí­as de asueto.

   Me pregunté, entonces, cómo era posible que un profesional de las ciencias económicas que fue director del Banco Centroamericano de Integración Económica y que ocupó el despacho de Ministro de Finanzas pudo haber votado por una abogada a quien, entre otros todaví­a supuestos delitos, se le acusa de haber recibido Q200 mil por emitir un fallo tipificado de prevaricato.

   También me recordé de otro diputado amigo y paisano mí­o a quien se le ha considerado una persona de acrisolada honradez. Un ciudadano que abandonó la comodidad de su hogar y hasta casi pierde su mediana empresa por dedicar su fuerzas y capacidad en la alcaldí­a municipal de la cabecera departamental de San Marcos. ¿Votarí­a -cavilaba yo- el ingeniero Daniel Caballeros por alguien que pretendió dejar en libertad a los culpables del asesinato cometido contra el obispo Juan Gerardi?

   Retorné a la casa que habito más frustrado que esperanzado. Impotente. Iracundo conmigo mismo por no tener la edad, la fortaleza fí­sica y el valor desenfrenado de mi juventud, para contribuir a evitar que abogados ávidos de poder y huérfanos de vergí¼enza llegasen a ocupar una magistratura en la CSJ, y para sustituir este sistema que humilla y vulnera nuestra dignidad de hombres libres.

   Pero valió la pena la protesta, después de todo ¿O no?

(Romualdo Tishudo cita a Martin Luther King: -No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los que carecen de ética. Lo que me preocupa es el silencio de los buenos).