A un año de conflictividad en la aldea La Puya, a causa de la instalación de una empresa minera en el sector, pobladores de la localidad indican que continuarán la “lucha pacífica” que, a su criterio, ha servido para dar a conocer sus derechos.

“De acuerdo a lo vivido, la población ya conoce sus derechos y defiende lo mismo, a pesar de la imposición del proyecto minero”, indica Antonio Reyes, vecino de San Pedro Ayampuc, quien ha sido parte del esfuerzo por mantener un año de resistencia en la comunidad La Puya.

Además dice que lo que se puede concluir de esta  lucha, que se empezó hace un año, es que la población tiene más conciencia, adoptando una actitud pacífica de defender sus derechos. Reyes refiere que desde el 7 de diciembre de 2012, ya no se ha registrado ningún tipo de incidente en esa comunidad.

Agregó que a partir de mañana se tienen preparadas varias actividades en conmemoración de un año de “resistencia pacífica y lucha no violenta”,  que incluye la visita de representantes de organismos internacionales y activistas de derechos humanos, así como ambientalistas.

Reyes indicó que en esta lucha todos los guatemaltecos de esa región han ganado, pues con esta resistencia se les está garantizando a las próximas generaciones el acceso al agua con calidad.

“ESTADO DE DERECHO”
Entre tanto, el presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, Mario Marroquín, señala que este es un caos en donde debe de prevalecer el Estado de Derecho, ya que en esta conflictividad es el Estado el único que está perdiendo.

“Lo más importante es el Estado de Derecho; las diversas opiniones y perspectivas deben ser respetadas, pero estas deben de ser reflejadas en el respeto total y absoluto al Estado de Derecho. Obviamente no hay derecho más válido que otro, pero cuando hay intereses particulares todos perdemos” dice Marroquín.

Además indica que lo principal es un diálogo consensuado que llegue a tener logros significativos, para que entonces el Gobierno, de alguna manera democrática pero firme, haga respetar el Estado de Derecho.

Marroquín reitera que no se debe abandonar el diálogo, pero este debe ser respetable, para llegar a consensos y de esa forma avanzar al desarrollo del país.

Según el entrevistado, en Guatemala solo existen cuatro proyectos mineros; sin embargo se ha tratado de satanizar el tema minero achacándole la mayoría de conflictos sociales, entonces esto deja de ser un Estado de Derecho.

Manifestó que se habla mucho de la actividad minera cuando no es una actividad tan grande ni expansiva en el país, entonces lo que se crea es confusión dentro de la población, “se está sobredimensionando el tema de la industria minera y por ende el tema de la conflictividad”, esto porque no se tiene un impacto de la actividad minera en país.

PREVINO CONFLICTIVIDAD
De acuerdo con un comunicado de prensa emitido el 31 de agosto del año pasado, la empresa Radius Gold Inc. vendió sus activos del proyecto minero de El Tambor, en La Puya, porque consideró conflictivo el proyecto.

Ralph Rushton, presidente de Radius Gold Inc., indicó en esa oportunidad que “la venta de nuestra participación en el Proyecto de El Tambor es parte de nuestra estrategia corporativa para vender activos problemáticos, permitiendo a la compañía concentrar capital y experiencia en las áreas menos conflictivas en materia de desarrollo en la región”.