Yuri Melini, de la agrupación ambientalista Centro de Acción Legal y Ambiental y Social, anticipó que aunque no hay certeza de que sean aprobadas las reformas a la Ley de Minería, la confianza sí es que tenga el mejor contenido, aumenten los controles, garantice y valore criterios en caso la exploración y explotación pudieran afectar intereses.
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Rosa María de Frade, de la bancada Guatemala, realizó una nueva revisión de la iniciativa y dijo que el interés prioritario es que se cumpla con las normas ambientales, permita la participación de las comunidades, los aspectos sociales, las consultas indígenas de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dentro de la parte económica, que se modifique el porcentaje de las regalías que garanticen los impuestos porque se trata de explotación de recursos no renovables. Sin embargo la modernización de la Ley tiene enemigos, quienes no quieren que se cambie, se informó.
En reciente entrevista, Christian Bussinot Nuila, presidente de la comisión de Energía y Minas, resaltó que las comunidades realmente no saben lo que quieren, ya que existen una variedad de criterios que no permiten contar con una propuesta integral y seria.