«Denunciamos la usurpación de nuestras tierras y la concentración de tierras destinadas al desarrollo de megaproyectos, así como a los grandes monocultivos y a la gran ganadería, estrechando cada día más las tierras disponibles para la sobrevivencia de la población del Petén, desviando sus ríos y agotando los nacimientos de agua por medio de la perforación de pozos mecánicos, como es el caso de grandes plantaciones de papaya en la Ruta Bethel y írea Central».
(Manifiesto de las comunidades de Petén)
Representantes de 137 comunidades asentadas en Laguna del Tigre, Bethel, Naranjo y Sierra Lacandón de los municipios de San Andrés y La Libertad del Departamento de Petén, visitaron el Congreso Nacional y otras dependencias de gobierno el pasado 10 de septiembre para entregar a los diputados y funcionarios gubernamentales un manifiesto en que relatan el calvario y las vicisitudes que están padeciendo las comunidades por ellos representadas, debido a las acciones represivas y discriminatorias que comete el actual gobierno, para despojarlos de sus tierras y favorecer intereses corporativos de empresas transnacionales y a oligarcas nacionales. Estas comunidades son pobladas por colonizadores que llegaron desde hace medio siglo a esas tierras, «…empujados por la falta de tierra, el hambre y los programas de diferentes gobiernos». Es gente que llegó a Petén desde la Costa Sur, el Oriente, Alta Verapaz, Huehuetenango y otras regiones del país. Durante el conflicto armado interno fueron desplazados de sus lugares y reubicados en tierras más al Norte del territorio. Sus historias -como lo dice el manifiesto- «están llenas de concentraciones, desplazamientos, desarraigos y reinstalaciones forzosas, una detrás de la otra en diversos lugares del país». Interpreto que por gran parte de sus vidas, han sido nómadas en su propia Nación, víctimas de desalojos forzados reiterados, amenazas a su vida, seguridad e integridad personal y la de sus familias, por tanto, no exentos de sufrimientos, discriminación y limitaciones de todo tipo.
El manifiesto en cuestión, hace serias denuncias en contra del actual gobierno de la UNE, al considerar que como ciudadanos se les está negando elementales derechos constitucionales, civiles y políticos y violentando derechos humanos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, los consignados en la Constitución Política de la República, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, el Código Municipal y la Ley de Descentralización. Aseguran que en varias comunidades les impiden que organicen Comités Comunitarios de Desarrollo COMUDES, les niegan el ejercicio de derechos políticos y jamás se consulta sobre la construcción de megaproyectos, el uso de las fuentes de agua o sobre la devastación del medio ambiente provocado por grandes empresas agrícolas o las de explotación petrolera. Denuncian a la empresa Perenco, proyectos hidroeléctricos sobre el río Usumacinta, la expansión de megaplantaciones de Teca, de palma africana, el agotamiento de las lagunas La Gloria y Las Cuaches, la falta de certeza jurídica sobre las tierras y los continuos desalojos forzosos que siguen ocurriendo en sus comunidades. Reclaman también la indiferencia del presidente Colom, quien se niega a dialogar con los pobladores de las comunidades afectadas y la falta de voluntad política para atender sus demandas.
P.S. Ayer se conmemoró el Día Mundial contra la pena de muerte. En el mundo 139 países la han abolido, sólo 37 naciones la tienen vigente. NO A LA PENA DE MUERTE.