Cuando vemos que surge en el país el deseo por castigar a los corruptos, tenemos que canalizar ese deseo para convertirlo en más que un desahogo y hacer de esa fuerza un compromiso de la sociedad contra la corrupción generalizada que campea en el país. Empezando por una negativa absoluta a caer en el juego de los sinvergí¼enzas que a todo contrato y toda gestión le ponen precio, hasta llegar a ejercer una presión constante y pública para demandar que los procedimientos administrativos sean absolutamente transparentes.
Mucha gente siente que el caso Portillo es un precedente que tendría que asustar a los políticos corruptos, pero la verdad es que no existen evidencias de que exista un movimiento nacional para depurar el ejercicio del poder en el país y por lo tanto tenemos que dirigirnos a la creación de esa actitud colectiva que nos haga a todos parte de la lucha contra la podredumbre enraizada en las estructuras de nuestra sociedad. No podemos suponer que el mal esté únicamente en la esfera de lo público porque son muchas las empresas privadas y los ciudadanos particulares que son comparsas en el juego. De hecho no habría corrupción si no existieran personas dispuestas a compartir ganancias mal habidas con los pícaros funcionarios que tienen el poder discrecional de otorgar privilegios. Es obvio que hubo corrupción en el manejo de los fondos asignados al Ejército durante el gobierno de Portillo, pero el mal viene, por lo menos, desde los tiempos de Ramiro de León Carpio cuando se suprimieron cínicamente los confidenciales para encubrirlos en el secreto de los gastos militares y ese vicio continúa hasta nuestros días. Por ese mismísimo pecado se tendrían que ir al bote presidentes, ministros y testaferros de todos los gobiernos, pero además hay otros delitos graves encubiertos en los fideicomisos y en privatizaciones hechas con toda la mala leche del mundo para violentar el ordenamiento legal e impedir fiscalizaciones adecuadas. Castigar a un corrupto es un paso adelante, pero puede ser apenas un engañababosos si queda como muestra de que el país está luchando contra la corrupción cuando en la práctica no hacemos nada para contener el problema de prácticas administrativas que permiten manejar miles de millones de quetzales en la oscuridad del secreto de fideicomisos que son diseñados para borrar la huella de la corrupción y para evadir hasta los míseros controles que puede ejercer la Contraloría de Cuentas. No asumir un compromiso serio contra la corrupción que hay en el país hace que todo lo que se diga ahora en cuestiones como el caso Portillo quede como un gesto hipócrita porque todos sabemos que, parafraseando a Augusto Monterroso, el dinosaurio todavía está ahí.