Integrantes de las Juntas Calificadoras encargadas de aprobar y otorgar contratos abiertos de medicamentos para la red de salud pública son profesionales sin conocimientos de farmacologí­a para determinar la calidad de los productos, manifestó el diputado í“scar Córdova.

Esa fue la percepción del parlamentario, integrante de esa sala de trabajo, quien dio a conocer que durante la reunión los asistentes evidenciaron que únicamente se limitaron a que una licenciada experta dictaminara.

El problema en este caso, es que se pudo determinar con las respuestas de algunos de los integrantes de juntas calificadoras citados, que la profesional contratada basó su dictamen solo como trámite porque nunca tuvo a la vista los expedientes.

Esa situación despierta sospechas que hay intereses creados, enfatizó el legislador, quien sostiene que los integrantes no han tenido la capacidad de evaluar la calidad de los medicamentos que llegarán a los hospitales, «fue una evaluación subjetiva», comentó.

Además, la comisión extraordinaria está evaluando si hubo intereses creados y hacer esfuerzos para que la población sea atendida con productos de calidad para no poner en riesgo la salud pública.

Otra fiscalización es acerca de las sobrevaloraciones que se han detectado, explicó el diputado, quien también está haciendo un recuento que para un solo paquete se ha identificado una sobrevaloración de Q185 millones.

«Es necesario mantener bajo la lupa a los adjudicadores y si estarán actuando con apego a la ley», destacó í“scar Córdova, agregando que los productos adjudicados están siendo fiscalizados de cerca por la Comisión de Compras del Sector Salud, del Congreso

Asimismo, explicó que los integrantes de las cuatro juntas calificadoras se comprometieron a enviar toda la documentación que sirvió de base para la adjudicación de los paquetes. «Después de una revisión, se va a determinar si se pueden deducir responsabilidades penales», adelantó el diputado.

Según él, si la documentación no tiene sustento, los adjudicadores correrí­an el riesgo de ser denunciados por los delitos de usurpación de calidad, usurpación de funciones, falsedad y otros delitos, agregó Córdova.

La pasada semana, la gremial de productores nacionales de medicamentos puso el grito en el cielo, al denunciar públicamente la sobrevaloración y la mala calidad de los productos medicinales que el Gobierno compra.

También depositaron en el Congreso y algunos diputados, seguir de cerca el tema para evitar que las adjudicaciones solo favorezcan a ciertos sectores que supuestamente contribuyeron con la campaña polí­tica del partido gobernante.