La calamidad generada por desastres naturales obliga a agilizar procesos administrativos para hacer más eficiente la reacción del Estado ante las necesidades de la población y por ello es que la Ley de Orden Público establece que, una vez declarado el estado de excepción, las adquisiciones del sector público se pueden hacer sin llenar los requisitos de la Ley de Compras.
Esa disposición tiene la exclusiva finalidad de acelerar los procesos en las cuestiones directamente relacionadas con la emergencia, pero se ha sabido que al menos el Ministerio de Salud Pública aprovechó la letra y el tenor de la declaración de calamidad pública por los efectos de la tormenta Agatha para hacer compras de medicamentos que nada tienen que ver con esa situación extraordinaria provocada por un fenómeno natural. Es indispensable que de inmediato se deje sin efecto la adquisición y que se sancione a los responsables para sentar un precedente enérgico a fin de que no vuelva a repetirse el abuso de meter dentro de las regulaciones de emergencia la compra o contratación de bienes o servicios que no tienen nada que ver con las necesidades generadas por la situación anormal que se vive. En condiciones de verdadero combate a la corrupción y en países donde los abusos no se toleran, los funcionarios que incurrieron en la anomalía debieran no sólo ser destituidos inmediatamente, sino que, además, tendrían que ser procesados porque es evidente que hay corrupción en la compra que se saltó los controles establecidos en la Ley. Son estas cuestiones las que demuestran que en el país no tenemos una vocación real de combatir la corrupción y de acabar con la impunidad, puesto que se evidencian, sin lugar a dudas, maniobras sucias para realizar trinquetes, y a pesar de ello nadie asume responsabilidades ni se castiga a los responsables. Repetimos que en otros lugares una situación así sería de tal manera escandalosa que provocaría la inmediata y fulminante destitución de los implicados, pero Guatemala sigue siendo el paraíso de la impunidad donde nunca ocurren situaciones de ese tipo. Y así como el caso de los medicamentos para enfermedades que no tienen la más mínima relación con la tormenta, debe haber un montón de operaciones que simplemente aprovechan la circunstancia para «agilizar» procesos y evitar el control y fiscalización correspondiente. Es una lástima que nuestra Contraloría de Cuentas esté tan castrada que no pueda realizar efectivas auditorías de toda operación que se haga en el marco de la existencia de un Estado de Calamidad Pública, puesto que lo obligado sería que hasta el último centavo que se maneja bajo ese rubro tan especial, fuera doblemente controlado para impedir trinquetes.