Ayer la Junta Directiva del Congreso envió al departamento jurídico el expediente de la compra de cámaras de vigilancia por casi siete millones de quetzales que se había dispuesto en el período anterior bajo la supervisión del diputado Pedro Muadi, quien defendió la operación explicando que la misma había cumplido con todos los requisitos de ley, no obstante los señalamientos que se hicieron respecto a la integración de la junta calificadora y del inoportuno trámite del asunto en los días inmediatos al inicio de año.
Con ello queda anulada la operación porque ayer mismo era el último día para materializar la compra que provocó algunas impugnaciones por el tema del precio, toda vez que hubo empresas que ofrecieron las cámaras por un valor inferior al que ofertó la empresa que había sido beneficiada con la adjudicación.
Nosotros publicamos las explicaciones ofrecidas en su momento por el diputado Muadi, quien sintió agravio por las dudas expresadas respecto a la forma en que se concretó la operación, por la negativa del Director de Comunicación del Congreso a participar en la junta calificadora y por el tiempo en que se hizo la adjudicación. Ahora es la Junta Directiva del Congreso la que, por unanimidad, decidió dejar sin efecto la compra para explorar otras posibilidades tomando en cuenta el alto precio de la operación que obliga a una erogación literalmente millonaria y por la que otras empresas ofrecieron equipo a costo menor.
En las compras que se hacen de todo lo relacionado con tecnología y especialmente con programas informáticos, como los que se utilizan para manejar un sofisticado sistema de cámaras de vigilancia y la reproducción y almacenaje de los videos grabados, existe una enorme variedad de ofertas en el mercado y mucho de lo que se adquiere se convierte en obsoleto en poco tiempo por el constante desarrollo de nuevas aplicaciones que mejoran rendimientos y calidad. No es fácil tomar decisiones al respecto, pero sí que es fácil establecer en las bases condiciones y requisitos que únicamente puede satisfacer algún tipo de programa en particular, siendo éste uno de los campos en los que nuestra legislación reguladora de las compras del Estado se ha vuelto inútil e ineficiente por la complejidad del tema.
La decisión de la Junta Directiva del Congreso es un duro revés para la gestión anterior que promovió, según sus propias explicaciones, un expediente durante casi todo un año para concretar la operación que, por dudas razonables, quedó eliminada.
MINUTERO:
La mano dura cuestionada
por expertos extranjeros
hizo estragos duraderos
a la tesis propagada