Algunos de los casos vinculados con el proceso por el que el ex presidente Alfonso Portillo es juzgado en el país por peculado de Q120 millones de los fondos del Ministerio de la Defensa Nacional, están paralizados a la fecha.
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Lo anterior ocurre a pesar de que el Ministerio Público (MP) ya ha presentado acusación formal en cada uno de estos; no obstante, las judicaturas contraloras no han fijado fechas para las audiencias de apertura a juicio respectivas.
Aunque las acciones que la defensa de los procesados, militares en su mayoría, han retrasado en gran parte el avance de estos procesos vinculados con el multimillonario desfalco del Ministerio de la Defensa Nacional durante el período de gobierno de Portillo, el sistema de justicia también se convierte en una piedra de tropiezo para que se aplique la justicia por ese hecho.
El MP acusó formalmente al ex mandatario desde marzo de 2009, mientras que en el proceso contra Enrique Ríos Sosa, hijo del actual diputado Efraín Ríos Montt, presentó acusación desde el 4 de diciembre último, en contra también de otros militares vinculados.
El proceso contra Eduardo Arévalo Lacs, ex ministro de la Defensa, Eduardo Arévalo Lacs también está detenido debido a que tiene relación al del ex presidente Portillo. El único que, a criterio de la Fiscalía, ha seguido un proceso dentro de los plazos de ley, es el de Luis Catarino Estrada, militar de bajo rango implicado también en los millonarios desfalcos.
Los efectos que estos casos han generado dentro del sistema de justicia son diversos, pues, por ejemplo, en el caso del Juzgado Quinto de Primera Instancia, el cual controla el caso por peculado contra Portillo, ha tenido diferentes jueces desde que este se inició en octubre de 2008.
COMPLICADO
A criterio de los fiscales del MP a cargo de las investigaciones, el hecho que los procesos no avancen dentro de las respectivas judicaturas genera muchos efectos dentro del debido proceso.
«Los casos no avanzan y aunque ya se acusó en todos los casos, ellos han tratado de entorpecer los procesos de una u otra forma», refiere uno de los investigadores de la Fiscalía Especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que pidió no ser citado.
Según los fiscales, el hecho que los militares implicados en estos procesos hayan interpuesto una serie de recursos que han retrasado la apertura a juicio en estos casos, «afecta grandemente a la Fiscalía, pues no se puede garantizar la justicia», señala.
Sin embargo, la Fiscalía también ha interpuesto recursos que han dejado paralizados los procesos por semanas, pues el sistema de justicia es lento en resolver ese tipo de acciones: el MP busca unir todos los procesos a dos únicos juzgados.
DEFENSA
Moisés Galindo, uno de los implicados en los procesos por el desfalco del Ministerio de la Defensa, opina que las acciones que los procesados han interpuesto dentro de los diferentes casos son garantías del debido proceso.
Galindo explica que, durante cinco años anteriores a la actual apertura de los procesos, se interpusieron 35 recursos, los cuales fueron rechazados por el sistema judicial; además, refiere que en el Juzgado Quinto han cambiado cuatro jueces, de los cuales dos no han aceptado ese nombramiento, lo que a su criterio es sólo el derecho de defensa y las circunstancias del sistema de justicia.
«El problema es que todos creen que saben de leyes, pero las reglas del juego fueron establecidas antes, y hay que respetarlas cuando un abogado acciona, porque a su criterio se han violado derechos constitucionales dentro del proceso», refiere.
Galindo añade que los tiempos están establecidos en la Ley, y que «no se los inventa el abogado de la defensa», además, indicó que «dentro de un proceso se deben garantizar todos los derechos de los sindicados, así, si al final resultan culpables se puede decir que fue un procedimiento en el que se les dio la oportunidad de defenderse», declaró.
INFLUENCIAS
A criterio de Javier Monterroso, director de Incidencia del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), los procesos relacionados con militares u otros «personajes» tienen ciertas características en común; una de ellas, el retardo.
«Creo que estos personajes tienen capacidad de influir en el sistema de justicia, a tal punto de entrampar los proceso, que se retardan debido a las estrategias de litigio de los defensores», refiere Monterroso.
El analista refiere que la interposición de amparos y otras acciones dilatorias son parte de la estrategia de defensa de los abogados a favor de sus defendidos y agrega que ello se debe a que el Congreso «no ha querido» entrarle a las reformas a la Ley de Amparos y conflictos de jurisdicción, que son leyes que permiten que se lleven más rápido los procesos», indicó.
Monterroso agrega que la falta de voluntad política del Legislativo «no es por gusto, sino porque les permiten a sus abogados utilizar esas estrategias de litigio malicioso». También señala un fenómeno dentro de estos casos: «además de la estrategia de litigio, no son muchos los abogados que llevan estos procesos, son un grupo de litigantes dedicados a ello», explica.
El entrevistado cita finalmente que también hacen falta mecanismos de gestión interna en el Organismo Judicial, los cuales deberían permitir llevar una mejor agenda de los juzgadores para que haya más fluidez en las audiencias.
CONEXIONES
La Fiscalía Especial del MP para la CICIG presentó, la semana recién pasada, una solicitud de conexión de los procesos para que los procesos contra los militares Enrique Ríos Sosa y Luis Catarino Estrada Valenzuela se tramiten en un solo juzgado.
La Fiscalía de la Cicig espera que el caso de Estrada, que se tramita en el juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, se unifique con el de Ríos Sosa, en el juzgado Noveno.
Además, la Fiscalía fue recientemente notificada de la resolución del juzgado Octavo de Primera Instancia, la cual conexó los procesos de Eduardo Arévalo Lacs, ex ministro de la Defensa con el de Alfonso Portillo, ex presidente de la República; ambos ex funcionarios del período del multimillonario desfalco.
Por lo anterior quedarán dos procesos, el primero contra militares implicados en la emisión certificaciones para gastos del Ejército que estaban amparadas en el secreto militar y el cual suma unos Q471 millones, y el segundo contra Portillo y Arévalo por peculado de Q120 millones.
Un largo proceso ha acompañado al ex mandatario Alfonso Portillo: El juzgado Quinto Penal ordenó desde el 18 de julio de 2005 su captura por su supuesta participación en el delito de peculado por Q120 millones de los fondos del Ministerio de la Defensa.
La acusación de la Fiscalía especial para la CICIG detalla que Q34 millones del monto arriba citado se entregaron a Armando Llort Quiteño, entonces presidente del Crédito Hipotecario Nacional, quien permanece detenido en Estados Unidos y declaró contra el ex presidente.
El 7 octubre de 2008, tras ser entregado por las autoridades mexicanas a las guatemaltecas, Portillo fue favorecido con una fianza de Q1 millón.
Eduardo Aréval Lacs, quien fungió como ministro de la Defensa durante 2001, fue aprehendido y enviado a prisión el 25 de junio de 2009.
Arévalo Lacs es sindicado de haber ordenado y propiciado la emisión de dos cheques por un total de Q120 millones del Ministerio de la Defensa durante su gestión. El proceso en su contra también se refiere a la autorización de la modificación presupuestaria detallada en el acuerdo 16-2001, que ordenaba el traslado de esa suma del CHN hacia el Ejército, dinero que no ingresó ni física ni financieramente al mismo.
Los dos cheques aprobados por Arévalo fueron de Q48 y Q 72 millones, los cuales fueron cobrados en efectivo en el Banco de Guatemala. Además, los Q120 millones por los es procesado el ex ministro de la Defensa forman parte de los Q471 millones que fueron desfalcados en esa entidad durante el período de gobierno de Portillo.
Enrique Ríos Sosa, hijo del ahora diputado Efraín Ríos Montt, fungió como jefe de Finanzas del Ejército durante el gobierno de Portillo y también está vinculado al desfalco del Ministerio de la Defensa junto al capitán Primero Pedro Adolfo Catalán Muñoz y el teniente Miguel íngel Salguero Torres.
Por peculado y falsedad de lógica en forma continuada permanecen ligados a proceso los ex militares. La Fiscalía especial para la CICIG estableció que en 2001 se emitieron 79 certificaciones valoradas en Q471 millones 585 mil 965.
Actualmente, todos los militares implicados en este proceso permanecen en libertad y han interpuesto una serie de acciones en contra de la actuación de la CICIG dentro de ese proceso.
Luis Catarino Estrada es sindicado del desfalco de Q11 millones 588 mil 810 en el Ministerio de la Defensa, y actualmente está ligado a proceso por peculado y falsedad ideológica en forma continuada. Según la acusación, durante 2001 Estrada firmó seis certificaciones que aprobaban el traslado de los fondos y su clasificación como secreto militar.
La CICIG recabó más de 339 pruebas contra el sindicado, entre las que sobresalen la copia de las certificaciones firmadas, cuyos fondos superaron los Q11 millones. Además, las pólizas que adjuntaron a las certificaciones, las cuales los sindicados catalogaron como secreto militar para evitar la fiscalización.
Por ese caso también es procesado el mayor retirado Moisés Galindo; sin embargo, ambos gozan de fianza.