El extraditado ex mandatario peruano Alberto Fujimori (1990-2000) estará frente a la justicia peruana en los próximos dí­as, en lo que se considera será un proceso o un conjunto de procesos de gran complejidad y que pondrá de cara a la opinión pública, la objetividad, imparcialidad y transparencia del Poder Judicial, que goza, desde larga data, de una mayoritaria desaprobación ciudadana.

Fujimori, a su vez, tendrá que demostrar, ante sus seguidores u opositores, «muñeca» suficiente para eludir los cargos que le imputan y encontrarse «frente a frente» con su ex asesor y ex jefe virtual del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, encarcelado en un recinto de alta seguridad y ya condenado por varios delitos, aunque todaví­a afonta varias decenas de juicios.

De acuerdo a lo aprobado por la Corte Suprema de Chile, en fallo en segunda instancia y definitiva, Fujimori debe responder ante la justicia peruana por dos supuestos delitos de lesa humanidad y por otros cinco de corrupción.

El jefe de la unidad de Extradiciones de la Procuradurí­a de Perú, Omar Chehade, confió en que Alberto Fujimori sea sentenciado en 2008, aunque reconoció la complejidad del proceso.

«Existe la posibilidad de que en 2008 pueda haber alguna sentencia para Fujimori dependiendo de si se decide acumular los cuadernillos o se ven los casos individualmente», manifestó Chehade.

En ese marco, quizás la primera causa sea la vinculada al allanamiento ilegal, dirigido por Fujimori cuando aun era presidente, en la vivienda de la esposa de Montesinos; un juicio de carácter sumario y que a lo sumo deberí­a ser salir la sentencia, a favor o en contra, en un plazo de entre 4 y 8 meses.

Chehade subrayó que «es complicado dar fecha o plazo para una resolución final (…) pero creemos que los procesos que durarán más son los casos de derechos humanos».

Estos de lesa humanidad están relacionados con la matanza de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de Educación La Cantuta (1991) y con el acribillamiento a mansalva de 15 personas, entre ellos un menor de edad, que participaban en una «pollada vecinal» (1992), a menos de un kilómetro de distancia de Palacio de Gobierno.

Ambos crí­menes habrí­an sido cometidos por el grupo paramilitar Colina, que habrí­a actuado bajo órdenes de Fujimori y de Montesinos en una época en que la subversión creaba intenso temor a nivel nacional.

El procurador señaló, además, que quedan pendientes nuevos casos contra Fujimori, entre ellos la presunta ejecución extrajudicial de subversivos en el rescate de los rehenes en la embajada japonesa en Lima (1997), lo que implicarí­a la elaboración de nuevos pedidos de extradición dirigidos a la justicia chilena, para que este resuelva si «da pase o no» para los juzgamientos, de acuerdo a las normas del Derecho Internacional.

La ministra peruana de Justicia, Marí­a Zavala, anunció que se solicitará a la Corte Suprema de Chile la ampliación de los procesos de extradición de Fujimori.

«Se tendrá que pedir ampliaciones por los nuevos procesos que vayan surgiendo, pues la autoridad judicial peruana sólo podrá juzgar a Fujimori por los casos materia de extradición y en ese sentido la autoridad chilena dirá si proceden o no las solicitudes de ampliaciones», subrayó.

Por otra parte, especialistas en derecho penal consultado por Xinhua, indicaron que los procesos entablados en contra del ex presidente Fujimori tienen dictámenes acusatorios distintos y por ello no podrí­an ser acumulados en un solo juicio.

El profesor de derecho penal de la Universidad Católica, Julio Rodrí­guez, afirmó que Fujimori podrí­a llevar los procesos en su contra (siete autorizados por el fallo chileno) de manera diversificada al igual que Vladimiro Montesinos.

Iván Montoya, ex jefe de la Unidad de Extradición de la Procuradurí­a Ad Hoc, agregó: Va a ser difí­cil acumular los procesos porque en cada uno de ellos ya existe un dictamen acusatorio.

La justicia peruana sólo podrá juzgar a Fujimori atendiendo a los siete delitos que la Corte Suprema de Chile ha dispuesto, entre ellos están los asesinatos de La Cantuta y Barrios altos.

Cabe resaltar que ninguno de los hechos por los que, según Chile, Fujimori deberá ser procesado es el de lesa humanidad.

Estos son problemas de enunciado legal que para efectos internos pueden ser considerados como lesiones de lesa humanidad, explicó Montoya.

Rodrí­guez aclaró que es necesario que se realice un debido proceso en el que se respeten las garantí­as de procesamiento y salubridad.

El profesor de derecho penal de la cuatricentenaria Universidad de San Marcos, Mario Amoretti, señaló también que bajo ninguna circunstancia se lo podrí­a conceder un arresto domiciliario a Fujimori puesto que ya tiene antecedentes de fuga; esto frente a los reclamos de los fujimoristas, que piden que el ex gobernante sea judicializado con orden de comparecencia o en libertad.

Amoretti, explicó que entre los beneficios que se le podrí­an conceder a Fujimori, no están previstos los de la edad, por el que podrí­an rebajarle la pena; de acuerdo a la ley peruana, los ciudadanos mayores de 65 años (Fujimori tiene 69) tienen derecho a purgar la mitad de la pena establecida.

Sin embargo, otros explican, como el jurisconsulto y legislador Javier Valle Riestra, que dicho privilegio correspone cuando la persona que ha cometido el delito tení­a 65 o más años; en el caso de Fujimori, cuando se cometieron los delitos aún estaba lejos de esa edad lí¬mite.

Alberto Fujimori será juzgado de acuerdo al código penal de las leyes peruanas y para conceder la extradición se tiene en cuenta que el delito este tipificado en la legislación peruana y en la legislación chilena también y que no sea inferior a un año.

Esto implica en que si bien Fujimori fue extraditado por siete de los 13 casos que le imputan, en los otros seis podrí­a o no tener responsabilidad pero son casos que serán dejados de lado.

Por otra parte, el ministro del Interior (Mininter), Luis Alva, confirmó el sábado que el ex presidente permanecerá tres semanas en el centro de reclusión de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policí­a Nacional de Perú (PNP), que se ubica en el distrito limeño de Ate-Vitarte, a siete kilómetros al este del centro de Lima.

En ese lugar fue recluido el sábado por la tarde luego de ser traí­do a Lima desde Chile en una nave de la Policí­a Nacional de Perú (PNP), donde se le ha proporcionado un ambiente adecuado bajo estricta vigilancia policial, tanto dentro como en el perí­metro de la base.

Agregó que eso le permitirá al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) poder acondicionar otro local habilitado, ya que es al Inpe al que le corresponde recluirlo hasta que dure el proceso judicial en contra de Fujimori.

Alva puntualizó que se han cumplido todas las acciones desde la llegada de Fujimori a Perú, respetando y velando por la integridad, los derechos humanos y cumpliendo con los protocolos de seguridad necesarios para evitar hecho que lamentar.

«Hemos actuado con toda seguridad, hemos actuado con garantí­as, hemos respetado los derechos humanos, hemos cumplido con el traslado (de Fujimori) de una forma adecuada», subrayó el ministro.

La ministra de Justicia, Marí­a Zavala, por su parte, dijo que se está construyendo un recinto especial para recluir a Fujimori, en las instalaciones de la Base Naval del Callao, donde se encuentra encarcelado Montesinos y también los principales dirigentes de los subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).