Al insistir en la necesidad de aprobar el Presupuesto General de la Nación, para lo cual el Congreso apenas tiene esta semana, el presidente Otto Pérez Molina dijo que si tienen que trabajar con el Presupuesto de este año el gobierno se verá obligado a realizar multitud de transferencias y que ello genera un enredo que hace muy compleja la fiscalización del uso de los fondos públicos. La verdad verdadera, como solía decir el entonces presidente Cerezo, es que la fiscalización es de todos modos prácticamente imposible en el país porque no contamos con un órgano independiente y competente que sea capaz de auditar eficazmente las cuentas públicas.
La Contraloría de Cuentas funciona como una especie de tapadera de los más descarados trinquetes y negocios. Hablemos de ejemplos concretos y veamos cuál ha sido la acción de la Contraloría para iniciar las acciones correctivas y penales para impedir que la Portuaria Quetzal use la figura del usufructo para disfrazar una concesión que tenía que haber sido aprobada por el Congreso de la República. Y como ese caso concreto podemos citar las fraudulentas aprobaciones de licencia de exploración y explotación de minerales y petróleo que han ocurrido a lo largo de muchos años en el Ministerio de Energía y Minas, uno de los principales reductos de la corrupción.
Dónde están las acciones penales contra los funcionarios que contrajeron deuda pública sin respaldo presupuestario, dando lugar a la famosa “deuda flotante” que no debiera honrarse porque es un pacto entre contratistas y funcionarios para evadir controles y obtener ganancias.
Las transferencias presupuestarias se hacen con o sin aprobación de presupuesto y sirven en todos los casos para borrar huellas sobre mal uso del dinero público. Las más descaradas fueron aquellas que se hicieron para que las partidas de gastos militares, secretas por su naturaleza, fueran la sustitución de los gastos confidenciales que eliminó en el papel la reforma constitucional, pero que en la práctica se siguieron manejando con menos transparencia y mayor hedor desde el mismo gobierno de De León Carpio que promovió demagógicamente la eliminación de esas partidas secretas.
Si hubiera verdadera fiscalización y capacidad para auditar las cuentas, el órgano contralor no tendría dificultad para seguir la pista al dinero aún en el caso de que no se apruebe un presupuesto y se tenga que recurrir a transferencias para operar con el de un año antes. Pero como en el país no hay ni interés ni compromiso para luchar por la transparencia, todo es pretexto para el manoseo. Desde un terremoto a un huracán y desde un usufructo a miles de transferencias.
Minutero:
El país de la eterna primavera
no aprovecha el potencial;
pues ahora el sello nacional
es la más eterna robadera