Las empresas prestadoras de los servicios de telefonía celular en Guatemala proponen crear un andamiaje de información con registros de todos los móviles, para validar únicamente los aparatos adquiridos por medios legales. La idea de las corporaciones es rechazar cualquier petición de activación de teléfonos cuando se desconozca su procedencia.
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El robo de celulares es un problema de seguridad para el que las autoridades gubernamentales todavía no ejecutan un plan de respuesta. Sin embargo, según las compañías telefónicas, ya se está trazando una estrategia conjunta para detener el problema de una manera eficaz.
Actualmente se está trabajando en una propuesta de convenio, que permitiría la creación de un registro de teléfonos –y no de personas– y la implementación de los aspectos técnicos para validar que los equipos que se utilicen sean de procedencia legal, indicó Juan Francisco Evertsz Cofiño, gerente de Regulatorio de Telefónica Móviles Guatemala, S.A.
De acuerdo con la información preliminar, el compromiso que asumirían los operadores será la no activación de terminales que no se hayan legalizado conforme el procedimiento que institucionalmente sea acordado en el convenio.
Este registro, junto a la “Base de Datos Positiva”, la cual será integrada por todos aquellos teléfonos que han sido incorporados a la misma, limitará la utilización de teléfonos que no estén en dicha base, exponen.
Entre las instituciones involucradas en el convenio, junto con las telefónicas, se encontrarían la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Economía.
Según Evertsz Cofiño, un acuerdo institucional puede ser viable, ya que es susceptible de ser actualizado conforme la tecnología avanza y ajustarlo conforme las necesidades del combate al robo se presenten, lo cual podría verse limitado por una ley.
La Hora mantiene un seguimiento al tema desde la publicación el pasado 9 de julio del reportaje “Claro y Movistar no bloquearon celulares reportados como robados”, en el cual se expuso la falta de mecanismos para inhabilitar los celulares de procedencia ilegítima.
ADELANTOS DE LA INICIATIVA
El representante de Telefónica Móviles Guatemala dice que “es importante que con la propuesta, cualquier persona podrá importar teléfonos, sin embargo para que estos puedan ser utilizados en Guatemala, requerida de un proceso sencillo”.
“Hemos considerado que si son viables y que tienen como ventaja que no limitará la actividad de las personas que se dedican a la importación y comercialización de equipos”, agrega Evertsz Cofiño.
Sobre la tipificación de delitos –en torno al robo de celulares y comercialización de aparatos ilegítimos–, consideramos que con las propuestas planteadas, se podrá crear una serie de figuras delictivas que ayudarán a las autoridades al combate de este flagelo, agregó.
A criterio del personero de la telefónica, “por ser un convenio interinstitucional en el que estarían los principales actores contra el combate MP, MINIGOB, SAT, SIT, la penalización de determinadas actividades serían aceptadas por la población honrada de este país”.
Se informó además que paralelamente a este convenio nacional se estaría firmando un convenio a nivel internacional que permitiría compartir a nivel latinoamericano las Bases de Datos Internacionales de Teléfonos Robados.
LEY SIN AVANCE
El 7 de agosto este medio presentó un reportaje en el que se evidenciaba que el Registro de Usuarios que contempla la Ley de Registro Móvil para la prevención y combate del delito, es la manzana de la discordia que no ha permitido el avance de la legislación que se considera necesaria para combatir el robo de celulares.
Además, la mencionada iniciativa de ley pretende enfrentar de forma conjunta el robo de celulares y el tema de las extorsiones que sufren los guatemaltecos. En ese sentido, los operadores han manifestado que el modus operandi de ambos fenómenos delincuenciales es distinto y que por tanto, se debe manejar de manera separada.
Por otro lado, organizaciones sociales han manifestado que el Registro de Usuarios es para combatir la extorsión, no el robo, pero que sí es necesario que se aborde en un solo cuerpo normativo porque de lo contrario, si se aprueba algo que solo combata el robo, el tema de las extorsiones quedará en el olvido.
Tales organizaciones han manifestado que para ellos es vital que exista el Registro de Usuarios y que en última instancia, están de acuerdo con la ley, sí y solo sí contempla la creación del registro.
En el tema de las extorsiones se conjugan otros factores tales como las llamadas que salen desde las cárceles, el ingreso de aparatos de teléfono a los centros de detención, los bloqueadores de señal, los delincuentes que desde afuera vigilan a las víctimas y realizan el cobro de las extorsiones, generalmente, utilizando la banca nacional.
Diario La Hora ha publicado una serie de trabajos periodísticos respecto al flujo de llamadas extorsivas que salen desde la cárcel, la no funcionalidad de los actuales bloqueadores de señal y cuánto costaría implementar un sistema efectivo que limite las llamadas desde los centros de detención y cumplimiento de condenas.