El Congreso aprobó una reforma legal que impide otorgar medida sustitutiva o libertad bajo fianza a los reincidentes en el delito de portación ilegal de arma de fuego, medida importante si tomamos en cuenta la enorme cantidad de pistolas y otro tipo de armas sin registro que son portadas por criminales que todos los días agreden a la población del país.

Sin embargo, resulta que el debate sobre la procedencia o no de esa reforma legal que pretende mantener fuera de las calles a quienes reinciden en la portación ilegal de las armas, se ha centrado por obra y gracia de una “experta” en temas carcelarios en el hacinamiento que habrá en las prisiones, lo que lleva a la conclusión de que la medida no es “del todo buena” porque aumentará notablemente la cantidad de personas recluidas en prisión.
 
 Con ese peregrino criterio lo que convendría, según ese tipo de “expertos”, es derogar el Código Penal para que no exista ya motivo alguno para la captura de ninguna persona, al menos mientras se controla un poco el hacinamiento que hay en los presidios del país. Si se aplicara la ley correctamente y se tuviera que meter el bote a todos los pícaros que se enriquecen con la corrupción, no tendríamos recursos suficientes para edificar la cantidad de prisiones que hacen falta para albergar a la enorme cantidad de sinvergüenzas que en el sector público o en el sector privado se hartan con el recurso de los guatemaltecos.
 
 Tal vez por eso, para coincidir con el criterio de la experta en el tema carcelario, es que en Guatemala no se mueve un dedo contra los verdaderos corruptos y cuando se ejecuta alguna acción penal es contra los gatos, pero jamás contra los meros meros, quienes hacen los negocios de gran envergadura.
 
 Tengo que suponer que se puso énfasis equivocado en el tema porque la experta en temas carcelarios fue arrinconada para hablar del hacinamiento de las cárceles. De hecho se le entrevistó y buscó para que explicara el impacto que tendría la reforma legal que impide dar medida sustitutiva a los reincidentes en la portación de armas y la pobre no tuvo más remedio que hablar de lo que sabe que es la cantidad de presos que hay en contraste con la capacidad que tiene cada uno de los centros de detención en el país. Limitado el análisis a ese punto, uno tiene que admitir que la experta habló de lo que sabe y de lo que le preguntaron, pero obviamente el punto del combate a la violencia y la criminalidad mediante la actitud más severa contra quienes reincidan en la portación ilegal de armas quedó por un lado.
 
 La Constitución establece el derecho a la tenencia y portación de armas de fuego, pero las leyes tienen que regular ese derecho y nuestra legislación establece como delito la portación de armas sin registro o sin la licencia respectiva. Una preocupación de algunos analistas, válida por los antecedentes, es que los policías le puedan implantar un arma a un inocente simplemente porque no accedió a pagar mordida, no digamos si se trata de alguien que irrita a las autoridades por cualquier razón. Pero habiendo el Congreso dispuesto que el privilegio de la libertad mediante medida sustitutiva aplica únicamente a reincidentes, se evita buena parte del problema y se asegura que esos criminales que delinquen una y otra vez sin que se les pueda mantener en la cárcel por las deficiencias de nuestro sistema, tengan que ir a prisión preventiva mientras dilucidan su situación.
 
 Suponer que no debemos combatir el crimen porque ya no hay lugar en las cárceles es una tontería evidente y burda.