La pobreza ha acompañado a Guatemala durante toda su historia, pero los esfuerzos para combatirla han sido aislados y hasta ahora no han tenido resultados eficaces. Sin embargo, la polí­tica y los programas de Cohesión Social podrí­an ser el primer paso para combatir la miseria y la desigualdad social.

La pobreza representa un serio problema social que tiene implicaciones éticas, económicas y polí­ticas consideradas internacionalmente de primer orden.

De esa cuenta, sectores muy amplios de la población en el continente americano están afectados por una marcada situación de desempleo, abandono, hambre, desnutrición y marginalidad.

Para los especialistas en derecho, esta condición atenta contra los derechos humanos y coloca a un gran número de personas afectadas en situación de constante desasosiego social, por lo que la estabilidad democrática en muchos paí­ses latinoamericanos se ve seriamente comprometida.

De acuerdo con analistas, es difí­cil pensar que la democracia pueda afianzarse, en tanto grandes sectores son excluidos de la economí­a y de la sociedad.

HISTORIA DE CRISIS

En el siglo XVIII, la invención europea de colorantes artificiales causó una crisis económica en Guatemala, exportadora de tintes vegetales y el café.

Tiempo más tarde, el 15 de septiembre de 1821, terratenientes, comerciantes y autoridades coloniales, junto a México, proclamaron pací­ficamente la independencia de la Capitaní­a General del Reino de Guatemala, siendo el centro polí­tico y administrativo de las Provincias Unidas de Centroamérica.

Diez años más tarde el Gobierno, agobiado por las deudas, entregó tierras a Inglaterra para la explotación maderera, dando lugar al territorio colonial de las «Honduras Británicas» (Belice).

A partir de 1847, año en que Guatemala se desligó de Centroamérica, la Silla Presidencial fue ocupada por presidentes que de una u otra manera, intentaron desarrollar programas educativos y de salud, que al final no fueron concretados por la preeminencia de intereses particulares.

Con la Reforma Liberal de 1871 los indí­genas perdieron tierras comunales, incorporadas por los terratenientes a la producción de café. La lucha liberal-conservadora marcó la vida guatemalteca del siglo XIX.

Entre 1898 y 1920 gobernó Manuel Estrada Cabrera, quien permitió a capitales estadounidenses adueñarse del ferrocarril, los puertos, la producción de energí­a eléctrica, los transportes marí­timos, los correos internacionales y de grandes extensiones de tierra, donde la United Fruit Company (UFCO) cultivaba banano.

Tiempo más tarde, con la Revolución de Octubre, se convocó a elecciones en las que venció Juan José Arévalo, quien impulsó reformas económicas y sociales, y la apertura polí­tica para garantizar el desarrollo social. En 1945 se estableció el voto femenino (excluyendo a las analfabetas), y surgió el primer sindicato campesino. La reforma agraria del gobierno de Juan Jacobo Arbenz expropió a la UFCO tierras ociosas que tení­a en reserva, lo que luego derivó la Contrarrevolución y dio paso a un perí­odo de conflicto interno.

Como resultado de los años de conflicto interno y las grandes desigualdades que asolaron al paí­s, Guatemala se encontró con una sociedad dividida, donde numerosos colectivos quedaron marginados y sin acceso a las oportunidades de salud, educación y empleo, entre otras.

La población indí­gena, que representa más del 40% del total de los guatemaltecos, es la que más sufre esta situación. Estos factores, unidos al racismo y la discriminación que se extienden por el paí­s, dan como resultado una cohesión social muy debilitada.

Aunque desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 esta situación ha presentado mejoras, el avance es todaví­a insuficiente e inferior a lo comprometido en dichos acuerdos.

El Estado sufre una gran debilidad institucional en las áreas sociales, lo que se plasma en una ausencia de polí­ticas públicas encaminadas al desarrollo, promoción y ejercicio de derechos, así­ como una falta de fomento de la participación social e inclusión de esos grandes colectivos.

Violencia y pobreza actual

En 2001, la sequí­a generó una hambruna que causó la muerte a más de 40 personas. El entonces presidente Alfonso Portillo declaró «estado de Calamidad nacional», y solicitó ayuda internacional; un informe de las Naciones Unidas confirmó entonces que en los 80 la población viví­a en la pobreza.

Luego, í“scar Berger, que asumió la Presidencia en un paí­s inmerso en la pobreza y la inseguridad, se comprometió a fortalecer la confianza en las instituciones, a invertir en salud, educación y tecnologí­a, a combatir la corrupción e implementar un plan de seguridad ciudadana.

Además, a recuperar la infraestructura productiva, e invertir en carreteras, puertos y aeropuertos, modernizar la Policí­a Nacional Civil y, combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Sin embargo, el informe de Desarrollo Humano de 2005 señaló que cinco de cada 10 habitantes de Guatemala seguí­an siendo pobres y que, de éstos, uno de cada cinco era paupérrimo, lo que mostraba que los indicadores se mantení­an invariables desde 2002.

El área más afectada del paí­s era la noroccidental, con mayor concentración de población indí­gena, donde 1,2 millones eran pobres. La seguí­a el norte, que registraba 809 mil personas en situación de pobreza. En cifras generales, el 60% de los guatemaltecos viví­a en la pobreza, y el 20% de ellos en la pobreza extrema.

Para mayo de 2006 se habí­a establecido que el número de mujeres asesinadas por dí­a en el paí­s seguí­a creciendo, y llegaba a dos por dí­a. Sin embargo, ningún asesino habí­a sido condenado.

La violencia contra niños y adolescentes se volvió moneda corriente en los últimos tiempos. El 23 de marzo de 2006 un grupo de niños que se dirigí­a a un colegio de la capital fue atacado a balazos por un grupo de presuntos pandilleros.

Cuatro dí­as más tarde, un niño de 11 años fue secuestrado y luego asesinado. Según distintas organizaciones que trabajan en el tema, la inacción del gobierno dejaba un promedio diario de dos menores de edad asesinados.

En mayo de 2007, Naciones Unidas publicó un informe según el cual los asesinatos se habí­an incrementado un 60 por ciento en el último quinquenio en Guatemala.

Sólo en 2006 habí­an sido asesinadas casi seis mil personas. Para la politóloga de la Universidad de Londres, Rachel Sieder, las razones del fenómenos eran múltiples; el largo encubrimiento de violaciones a los derechos humanos por parte de actores estatales; un poder judicial débil, corrupto e ineficaz; y una profunda falta de confianza de parte de la sociedad civil hacia el sistema judicial.

Elección crucial

En 2008, en las elecciones presidenciales resultaron como últimos contendientes ílvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Otto Pérez Molina, del Partido Patriota; el clima preelectoral fue violento y finalmente, en unos comicios reñidos resultó ganador el candidato de la UNE.

Siendo Colom el nuevo presidente aseguró que «mi discurso será un mensaje a la conciliación nacional; mi mensaje no puede variar al de mis discursos en campaña».

Las declaraciones complementaron las palabras que pronunció al conocer el resultado electoral favorable: «Mantenemos vigentes nuestras promesas de campaña, por lo cual no nos feliciten ahorita, felicí­tennos concluido nuestro mandato de cuatro años».

El 19 de febrero de 2008, la primera Dama, Sandra Torres de Colom, dio su primer discurso sobre «Cohesión Social», frente a la mirada expectante de una población que esperaba un papel protagónico por parte de la esposa del Presidente.

«Todos sabemos que Cohesión Social es un concepto que nace y se refina en Europa, y que España ha sido como la instancia mediadora entre Europa y América Latina para que llegue a nosotros», señaló.

«Para nosotros, en Guatemala, dentro del marco del Gobierno del presidente ílvaro Colom, Cohesión Social significa justicia social. Es el paso que coloca al ser humano al centro de nuestras polí­ticas públicas abogando por una sociedad más justa, más democrática, más integrada, más cohesionada, donde la exclusión económica o étnica, polí­tica o social, sólo sea un recuerdo», señaló.

«Cohesión Social, dentro del marco del Estado guatemalteco se traduce en eficiencia de la administración pública a través de la coordinación interinstitucional dirigida a la población prioritaria en extrema pobreza por medio de polí­ticas programas y proyectos de impacto rápido», agregó.

Prioridad

El Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 establece como lí­nea prioritaria la atención a las necesidades sociales, por encima del resto de sectores.

Siguiendo estas directrices, la AECID en Guatemala creó el Programa de Cohesión Social formado por las áreas de Género, Pueblos Indí­genas, Educación y Salud, luego de considerarlas fundamentales para fomentar el desarrollo social en Guatemala.

Entre los objetivos de la polí­tica destaca mejorar el desarrollo a partir de acciones que incidan en la disminución de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, fomentando un desarrollo con equidad de género e igualdad de oportunidades basadas en el reconocimiento de la diversidad cultural.

Para ello, se convocó al Ministerio de Educación, la Secretarí­a Presidencial de la Mujer, la Comisión contra la discriminación y el racismo, el Ministerio de Salud y la Defensorí­a de la Mujer Indí­gena, entre otras entidades relacionadas con materia de desarrollo.

A partir del trabajo coordinado se desarrollaron programas para combatir la pobreza, como Mi Familia Progresa; enfrentar las deficiencias alimentarias, como Bolsa Solidaria, Comedores Solidarios, Mi Familia Aprende y Huertos Solidarios; programas educativos como Escuelas Abiertas y otros de carácter estacionario.

¿Qué opinan?

Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos, manifestó que los programas son buenos, «pero la inversión tiene que ser transparente».

«La valoración general es que por primera vez en Guatemala se está pensando en un ámbito mucho más amplio de seguridad social, es decir brindar protección a ciertas poblaciones que dada su vulnerabilidad histórica deben ser atendidos por el Estado; y que estos programas son para erradicar la pobreza».

Huber ívila, jefe del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, dijo «que todo programa es bueno media vez, sean transparentes y de beneficio para la población, y serí­a mejor aún si se dieran a cada cierto tiempo información de los avances de los trabajos y proyectos».

Abner Paredes, representante de Juventud del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), dice que el programa Escuelas Abiertas «es un programa que está destinado a jóvenes, sin embargo, es necesario empezar con un proceso de evaluación, porque consideramos que el grupo objetivo no ha estado bien enfocado a los beneficiados».

«No solamente son jóvenes, si no también personas adultas, niñas y niños; también consideramos que el programa ha tenido una serie de adaptaciones en el caso de Guatemala, pero lo consideramos positivo en favor de la juventud».

Paredes manifestó «que se tienen que mejorar los indicadores para verificar el impacto que tiene en la vida cotidiana de los jóvenes, particularmente de los talleres que se desarrollan en el programa de Escuelas Abiertas».

De esa forma, el joven activista valora positivamente la participación de la juventud en los talleres de arte, la expresión, con las clases de teatro, de bailes y demás actividades en las que recurrentemente son criticadas por la misma sociedad, pero los jóvenes se identifican con los talleres y es bueno».

«La importancia de los proyectos no llega a todos, pero a los pocos que llega serí­a oportuno presentar cada cierto tiempo los avances obtenidos con los programas de Cohesión Social», agrega.

«Hay un elemento de carácter positivo que muy probablemente esté dentro del ámbito de lo subjetivo, y es que en esta sociedad se necesitan espacios de carácter publico, en donde la sociedad guatemalteca y las comunidades puedan asistir a estos espacios públicos a entretenerse sanamente; estos espacios, como las escuelas de educación pública en un nuevo concepto de lo que serí­a el espacio social han sido abiertas en aras de poder constituir esa apertura a espacios que antes pudiesen estar cerrados para la utilización de cualquier persona que asistí­a a la escuela o no».

Aseverando que ve el proyecto de escuelas abiertas es una iniciativa positiva para la juventud del paí­s, Huber ívila, Jefe del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, indica «que todo proyecto que ayude a jóvenes y adultos pobres del paí­s, son buenos, pero serí­a mucho mejor si se pudieran dar a cada cierto tiempo los resultados de como se ha avanzado en esos programas, porque así­ no serian tan investigados y fiscalizados.

«Todo proyecto tiene que ser transparente y fiscalizado porque es dinero del pueblo y ese dinero es importante para todos y todas», añade.

El problema se discute cuando se tildan los programas como populistas, aunque esta idea sucumbe cuando personas que son beneficiadas con las bolsas solidarias manifiestan su satisfacción ante la entrega de los granos básicos, ya que la mayorí­a de familias beneficiadas son de escasos recursos.

Una buena cantidad no tiene empleo, o son personas de tercera edad, mujeres viudas, solteras con varios hijos; para quienes la bolsa llega a solucionar la problemática alimentaria.

Las bolsas solidarias se entregan cada inicio de mes, en distintas colonias, barrios y asentamientos; el contenido va racionado con frijol, arroz, azúcar, aceite y margarina, alimentos que para las personas de escasos recursos son de gran ayuda.

Los entrevistados coincidieron en que aunque los programas de Cohesión Social apuntan a ser positivos, tienen que ser fiscalizados, porque se está utilizando «dinero del pueblo».

Ante esto, organizaciones y entidades de gobierno solicitan que todos los proyectos sean transparentes y fiscalizados, sin embargo se han encontrado con topes para realizar investigaciones y análisis sobre el gasto público.