Los factores de esta situación son: 1) El diseño adecuado o no de todos y cada uno de esos elementos de la red vial, 2) la realidad con que se cumplen las normas de diseño en su construcción; 3) la falta de eficiencia de la supervisión que el Ejecutivo y las municipalidades hacen en obra; 4) los cambios que requiere la transformación climática que se está produciendo y 5) por supuesto, «las movidas» de los constructores y de sus intermediarios.

Si se compara la infraestructura vial que se hizo de 1950 a 1980, cuando el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Caminos y los constructores e ingenieros eran otros, se evidencia la gran diferencia de calidad y la observancia de las normas de diseño, todo lo que produjo obra pública adecuada, de calidad, larga duración y a precios justos.

Por el contrario, a partir de 1980 -más o menos- es un permanente declive de calidad, de aumento de precios, de órdenes de cambio, de falta de adecuada supervisión y por tanto de un deterioro que se refleja sin duda de ninguna especie en las carreteras, las calles, puentes, drenajes, cunetas y en los taludes de todo lo que es la infraestructura vial.

¿Qué es lo que se puede y debe hacer?

a) Cambiar las especificaciones de construcción y adoptar las normas que se usan actualmente en Estados Unidos y México para la construcción de carreteras, puentes, calles, cunetas, drenajes, taludes, etc., etc.

b) Pedir a la Universidad de San Carlos, a las facultades de Ingenierí­a, al Colegio de Ingenieros que creen una junta auditora de quienes sean los funcionarios públicos o los profesionales privados que supervisen la construcción de la infraestructura vial.

c) Tanto en la construcción como en el mantenimiento, requerir que las empresas que lo hacen y compiten para hacerlo demuestren fehacientemente que tienen el personal técnico, el equipo y el personal en general que garantice que pueden hacer la obra vial conforme al diseño y normas que se requieren para que toda la obra pública dure un mí­nimo de 20 años en uso y funcionamiento.

d) En cuanto a las normas de contratación, las mismas deben ser sumamente estrictas, que quien construya una carretera, un puente y demás sepa que será responsable ilimitadamente las empresas y solidariamente sus dueños y/o accionistas, sus herederos, por un plazo de 20 años de cualquier defecto o destrucción prematura y que tendrán que repararlo sin costo para el Estado o la respectiva municipalidad, salvo que puedan demostrar que su destrucción se debió a cambios de uso o de fuerzas incontrolables e imprevisibles de la naturaleza.

Pretender que para garantizar la calidad, la duración y la capacidad de soportar los cambios climáticos, la infraestructura pública debe de asegurarse serí­a demasiado oneroso y harí­a multimillonarios a las aseguradoras y/o afianzadoras que de por sí­ ya tienen un mercado cautivo sumamente exitoso, prueba de ello es su continuo aumento patrimonial, como lo demuestran los estados financieros que publican.

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