Leyendo el reportaje que publicamos el lunes sobre la forma en que se equiparó la operación de las tiendas del aeropuerto La Riviera con las tiendas de puerto libre establecidas y reconocidas por ley en nuestro país, recordé la expresión de mi querido amigo, el licenciado César Augusto Toledo Peñate, quien siempre advertía que en el momento en que se hace una ley se está también haciendo la trampa que permite violarla.

Y es que el anterior Superintendente de Administración Tributaria se pasó por el arco del triunfo las leyes del país y el dictamen de su mismo departamento jurídico, para autorizar que ese negocio pueda funcionar vendiendo productos sin pagar impuestos.
 
  De entrada, la concesión de los locales para esa “tienda libre” ya tenía un extremo olor a podredumbre. Colocados justo al salir del área de control y revisión de los pasajeros, sus vendedores reciben al viajero que se dirige a las puertas de abordaje ofreciendo “productos libres de impuesto”. El Estado había permitido mediante ley específica, el funcionamiento de tiendas libres a favor de la Sociedad Protectora del Niño, de las hermanas de San Vicente de Paul y de un centro de asistencia a las familias. Todas esas tiendas están refundidas e inclusive algunas están después de las puertas de abordaje, lo que significa que únicamente los viajeros más avispados les harán compras, mientras que los otros caerán comprando para beneficio de una sociedad panameña.
 
  Conociendo la forma en que se manejan las cosas en Guatemala, pendejo tiene que ser uno para suponer que esos locales estratégicamente ubicados que, además, tienen gran tamaño, fueron concesionados como consecuencia de una resolución de buena fe. Porque es ampliamente sabido que en nuestro medio todo se tramita aceitando la maquinaria con los consabidos sobornos y un privilegio como el que las autoridades de aeronáutica civil otorgaron a la empresa panameña no es de gratis.
 
  Al principio se dijo que no sería puerto libre, sino simplemente que ofrecerían su mercadería a los viajeros liquidando sus impuestos y así empezó a funcionar, pero rápidamente encontraron la palanca que hacía falta en la SAT para que, mediante un acto de prestidigitación que confirma lo dicho por el Muñeco Toledo, se les permitiera convertirse en una Tienda Libre en la que se vende mercadería sin pagar derechos.
 
  Una cosa es un depósito aduanero y otra muy distinta es la operación de las tiendas que funcionan como Puerto Libre. Es más, en la legislación guatemalteca está claramente establecida la identidad de las entidades que pueden operar los puertos libres y eso no se consignó en una resolución de entidad alguna, sino en una ley del Congreso de la República por el principio de legalidad definido en la Constitución.
 
  Desafortunadamente es demasiado el dinero que está en juego y por lo tanto abundan las razones para que uno piense que es difícil que prevalezca la ley. Son las mismas razones que le dieron al anterior titular de la SAT el conocimiento y la razón para emitir una resolución en la que arregló el obstáculo para un negocio que tenía que vender productos pagando impuestos y que, para ser atractivo, tenía que lograr el reconocimiento como puerto libre, aunque fuera sacado de la manga aplicando ese viejo aforismo legal de que toda ley tiene su trampa.
 
  El caso es en verdad paradigmático porque es un fiel reflejo de cómo funcionan las cosas en nuestro país y cómo es que los que tienen saliva siempre terminan tragando tranquilamente el pinol. Cuando hay tantas manos que van quedando untadas y un negocio capaz de prodigar mordidas, todo se arregla en esta patria nuestra.