Ha de ser a toda madre dirigir un área de negocios en las que se tiene el poder y la influencia para sacar de su eterno e improductivo letargo al Congreso de la República para que, sin chistar y complaciendo al instante, como en los viejos programas de radio, se aprueba de urgencia nacional y por mayoría calificada cualquier gusto que se le ocurre al mandamás de la telefonía.

Los que aplauden la privatización dicen que gracias a la venta de la telefónica nacional hay abundantes líneas y los guatemaltecos tenemos teléfonos, pero lo que no dicen es que también gracias a ese negocio se creó un poder tal que tiene comprado de manera fehaciente, descarada y burda, al mismísimo Congreso de la República, no digamos a otros poderes donde la “inversión” no tiene que ser tan grande.

Guatemala no abrió el mercado de la telefonía sino que, y perdón por la expresión tan grosera pero no hay otra que pueda describir de forma tan precisa lo que ocurre, abrió las nalgas a los dueños de las telefónicas que manejan un negocio en el que no existe ninguna regulación y donde la multitud disfruta de un “doble o triple saldo” que nunca entiende ni se explica y del que, mucho menos, recibe alguna rendición de cuentas.

Ni siquiera se hace el menor esfuerzo por taparle el ojo al macho, procesando los privilegios como leyes ordinarias que tienen que sufrir el trámite de ir a comisiones específicas para que se emitan los dictámenes correspondientes. Los diputados “ponentes” reconocen que no tienen ni idea de lo que se dispone y regula, pero la manada levanta la mano diligentemente repitiendo en su fuero interno la célebre frase de Cantinflas cuando personificó el Patrullero 777.

Es más, se disfraza el asunto con algo que sirva para darle apariencia de interés público, poniendo una norma que será tan inútil como la que regula el tránsito de las motocicletas. Supuestamente la ley aprobada es para restringir o prohibir la señal de celulares desde las cárceles a fin de evitar las extorsiones, pero ya sabemos que eso es únicamente el cebo para agarrar babosos porque las extorsiones continuarán viento en popa, como el negocio de la venta de celulares robados en mortales asaltos a mano armada que siguen incontenibles a pesar de la legislación.
Si la máxima representación nacional se subordina de forma tan descarada al poderío económico, qué se puede esperar de la Superintendencia de Telecomunicaciones o de la misma Presidencia de la República. Seguro que hasta nuestra Corte de Constitucionalidad respondería como el Congreso, con un sonoro “a sus órdenes jefe”, si de casualidad llegara a su conocimiento alguna acción para impugnar decisiones dictadas a favor de quien tiene comiendo de la mano a cualquier funcionario o dignatario en esta Nación.

En este mundo donde todo debe ser regulado por la mano invisible, el Congreso se ha convertido en auténtico mercado, plaza donde el marchante puede conseguir, en medio del regateo de los diputados, todo lo que se le antoje si dispone del dinero suficiente para cubrir el precio.