Asentados los cambios en el Ministerio Público, luego de la salida de Juan Luis Florido y el relevo de Amílcar Velásquez Zárate, la institución a cargo de las investigaciones penales continúa en la mira de la opinión pública.
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Diferentes sectores se han pronunciado ante la situación en la que el Fiscal General saliente dejó esa institución, demandando también una serie de cambios en su estructura y organización.
Cuando falta más de un año para que el procedimiento de transición en la jefatura del MP se lleve a cabo se discute sobre el rumbo de la institución.
Gestión interina
Tras la repentina renuncia de Florido, la Ley Orgánica de la institución ordenaba al Consejo nombrar, de forma interina, al fiscal metropolitano, quien fungirá en ese cargo por un año y diez meses a partir de su juramentación efectuada por el Ejecutivo.
Sonia Montes, del Consejo del MP, comentó que dicha integración se encuentra complacida con el procedimiento pues «todo se hizo de acuerdo a lo que la Ley de la institución establece», indicó.
La fiscal añadió que aunque para el concurso de oposición relacionado con la convocatoria a la fiscalía general, el consejo no tiene incidencia, la actual jefatura fue nombrada de acuerdo a lo que en derecho corresponde, reiteró.
Crítica
Para Helen Mack, analista de la Fundación Myrna Mack, el perfil del fiscal que reemplace a Velásquez Zárate tendrá que «tener conocimiento de los temas que más afectan al país –extorsiones, homicidios, entre otros—, y no tener ninguna mancha relacionada con violaciones a los derechos humanos», enumeró la activista.
Mack estima que en la actualidad se ha «tergiversado» el tema de los perfiles en las comisiones de postulación. A su criterio «no los respetan, ponen otro tipo de intereses en juego y han hecho que ese procedimiento esté plagado de anomalías».
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), coincidió con Mack al indicar que considera que desde la comisión tal y como está integrada «puede filtrarse otro tipo de intereses de tipo político o partidista».
El directivo del GAM consideró, además, que el procedimiento de elección de un fiscal general debería estar en manos de «un órgano más colegiado y no sea el Presidente quien tenga la última palabra. En todo caso se tendrá que vigilar de cerca esa elección para evitar que se den ese tipo de anomalías en el procedimiento», dijo.
En todo caso, quien tome las riendas definitivas de la Fiscalía General deberá dinámico, con profundo conocimiento de cómo funciona y debe funcionar la institución, que no tenga redes internas que lo obliguen a no poder despedir a funcionarios por ser allegado a ellos y, sin vínculos partidarios, recomiendan los entrevistados.
Reforma
Aníbal García, jurista y legislador por la agrupación política Encuentro por Guatemala, estima que la elección de Fiscal General, como otros procesos en lo que se crea una comisión de postulación son métodos «obsoletos».
A su criterio, cuando se crearon esas leyes se apelaba a la «honorabilidad y honestidad de los entes que la integrarían como lo son las facultades de Derecho del país y el Colegio de Abogados», refirió el diputado.
García añadió que, el problema se centra en el tráfico político y de influencias que han alcanzado todos esos procedimientos y a las comisiones.
«Con todo y lo que uno pueda ser optimista, el proceso viene viciado, como ha sucedido en todas las comisiones postuladoras anteriores», recalcó el entrevistado y añadió: «El problema es de fondo (…) se necesita un milagro de toma de conciencia para sacar una lista final que se encuentre alejada de compromisos partidarios o de la influencia del propio Presidente de la República».
Para el experto en leyes, la reforma a los procesos de postulación, que incluye reformar la Constitución Política de la República, atacaría el problema de fondo, ya que en todas las instituciones se han tergiversado los lineamientos contemplados en las leyes de postulación.
«Hay que entrarle a la reforma política si es que quieren verse cambios en esa postulación», reiteró el entrevistado, y añadió que para el próximo proceso de selección de Fiscal General, todos los sectores deben estar pendientes y fiscalizando a la comisión de postulación y evaluando los niveles de compromiso que puedan tener con las personas nominadas.
El artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece: que el Fiscal General de la República será nombrado por el Presidente de la República de entre una nómina de seis candidatos propuesta por una Comisión de Postulación integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, los respectivos Decanos de las Facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del país, el Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y el Presidente del Tribunal de Honor del mismo colegio profesional.
El Presidente de la Comisión de Postulación convocará, con no menos de 30 días de anticipación al vencimiento del período vigente, a efecto, de elaborar la nómina de candidatos a Fiscal General de la República. Esta será remitida al Ejecutivo por lo menos cinco días antes del vencimiento del período para el cual fue nombrado el Fiscal que deba entregar el cargo.
Cinco mil ciudadanos podrán proponer por escrito a la Comisión de Postulación a un candidato para que esta lo incluya en la nómina de postulación que remitirá al Presidente.
El Movimiento Pro Justicia elaboró una serie de demandas ante los cambios en el Ministerio Público.
Concretar cambios institucionales profundos que han estado postergados o han sido implementados en forma parcial.
La destitución del personal de las fiscalías de sección y de distrito, cuyo rendimiento no aporte a la justicia.
Fortaleciendo el Sistema Informático de Control de la Gestión de Casos.
Impulsar sin más dilaciones la transformación progresiva de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas.
Buena relación entre MP y otras entidades de justicia como PNC y OJ.