La política en Guatemala es una caja de Pandora; cada día, cada semana, resultan sorpresas y más sorpresas; desde los actos más inverosímiles (como tirar una botella de agua hasta las amenazas de muerte (que se dan, pero que no se pueden documentar ni probar).
La conducta de la mayoría de diputados al Congreso de la República, en todas las legislaturas, ha dejado mucho que desear en todos los aspectos, desde la falta de la más elemental educación para dar declaraciones y/o expresarse en el hemiciclo, hasta los dicharacheros personajes «cantinflescos» que dicen mucho y no dicen algo concreto.
La falta de disciplina partidista para lograr determinados consensos ha hecho trastrabillar muchos buenos esfuerzos que a la postre resultarían beneficiosos para la sociedad guatemalteca; basta citar como ejemplo el último «clavo» protagonizado por un diputado de la UNE, al romper el orden establecido y votar en contra del proyecto para la creación institucional de la CICIG en Guatemala; lo cual representa una confrontación entre la ética y los intereses privados.
Ello no es de extrañar en los diputados; porque con el último escándalo, se demuestra que los diputados en su gran mayoría, buscaron y/o buscan ser electos para realizar negocios de índole particular o bien «transar» en el renglón económico, el apoyo a determinados proyectos de ley, sea quien sea el partido ponente o que compre su voto.
A esto podría llamársele traición a los postulados de la plataforma ideológica que impulsaron ellos como candidatos, y descara de manera frontal y clara, los intereses personales y económicos que motivan las traiciones. Algunos diputados de cualquier partido, durante el ejercicio de su labor como REPRESENTANTES DE LA POBLACIí“N, adquieren el calificativo de MERCENARIOS POLíTICOS pues por medio de un estipendio o pago venden su voto a otros partidos para convertirlo en número para la aprobación o no, de determinada ley o proyecto, que favorezca intereses muy personales de grupos de presión o de los poderes paralelos.
La palabra MERCENARIO, según el DRAE, deviene del idioma latín, mercenarius, y es un adjetivo que se aplica a la persona que «percibe un salario por su trabajo o una paga por sus servicios»; lo que le hace poco fiable su accionar pues «vende sus servicios» al mejor postor, convirtiéndose en un COMERCIANTE DE LA POLíTICA por no decir MERETRIZ POLíTICO o DIPUTADO PUTO.
El electorado votó para que un partido político haga valer su afinidad con la plataforma ideológica por medio de sus representantes, pero cuando éstos hacen lo contrario, entonces TRAICIONAN al electorado que los llevó a ocupar tal posición; provocando un desánimo, desengaño y desmoralización, no sólo por la conducta del diputado mismo, también por el partido político a quien confió su voto.