Cada vez que hay que elegir autoridades por medio del proceso de integración de Comisiones de Postulación, los grupos de la sociedad civil se preparan para fiscalizar el proceso, pero a la vez surge la cuestión de cómo ser efectivos en una auditoría social tan corta contra un grupo de personas que se han preparado,

No siempre en ámbitos lícitos, durante varios años comprando a profesionales que ya tienen empeñada su “independencia e imparcialidad”. Además, en los últimos procesos de elección han salido a la luz grandes debilidades de la Ley de Comisiones de Postulación, que ahora son los puntos en discusión para reformar en un Congreso que se olvidó de su función principal.

Desde 2009 el Movimiento Pro Justicia ha fiscalizado la labor de las Comisiones de Postulación, y señala que desde antes de su creación fue evidente que varios sectores de la sociedad han buscado propiciar espacios y condiciones que les permitan cooptar las instituciones y de ese modo, ponerlas al servicio de sus propios intereses. El mundo académico se ha visto en medio del huracán.

“Las instituciones que conforman el sistema de seguridad y justicia, así como aquellas que funcionan como contralores o fiscalizadores, tampoco han escapado a esta dinámica y han corrido el riesgo de caer bajo el control de intereses de diversa índole, incluso aquellos del narcotráfico y del crimen organizado”, es una de las conclusiones de dicha entidad. 

Como un freno contra ese fenómeno, se promulgó en 2009 la Ley de Comisiones de Postulación, que desarrolla las normas constitucionales y legales que crean esas instancias, e instauran la idoneidad, publicidad, objetividad y transparencia como principios de los procesos.

Dicha normativa tiene como objeto, según su artículo 1, desarrollar la normativa constitucional con el propósito de regular y establecer mecanismos y procedimientos para la selección de una serie de autoridades que deben actuar con autonomía.

No obstante, luego de varias experiencias en su aplicación e interpretación, ahora se plantean puntos necesarios para la reforma, ya que en el trascurrir de diferentes elecciones salieron a la luz añejas y serias debilidades y amenazas para la transparencia de los procesos.

CRITERIOS SUBJETIVOS

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Leandro Despouy, constató en su informe del año 2009 que la elección de los magistrados se basaba más en criterios subjetivos y en las inclinaciones políticas de los candidatos, que en sus calidades y méritos.

“La forma de designación de los magistrados da lugar a graves injerencias a la independencia del máximo órgano del OJ, en especial debido a la politización del proceso, determinada por la participación del Congreso y la falta de reglamentación del funcionamiento de las comisiones de postulación”, criticó.

En dicho documento el Relator señaló que la selección y nombramiento de los magistrados debía realizarse bajo un procedimiento transparente que garantice su independencia e imparcialidad, basado en criterios objetivos determinados claramente, basados en la idoneidad, probidad y antecedentes académicos y profesionales.

¿Pudiera ser esa la respuesta a los “horrores” judiciales que emiten algunos jueces que se escudan en la independencia?

INSPECCIÓN DE LA LEY

Por su parte, a través de un estudio, Movimiento Pro Justicia hizo un recurrido sobre cómo han sido implementados lo procedimientos de la Ley de Comisiones de Postulación desde el año 2009 hasta el 2012.

Según el análisis, pese a contar ya con una normativa, la problemática suscitada sobre la conformación de la comisión de postulación, durante los distintos procesos, se refirió a la politización de la integración de las instancias, las impugnaciones, los conflictos de intereses, los defectos en una convocatoria efectuada por el Congreso de la República y al manejo de renuncias.

Dicha politización al integrar las comisiones de postulación fue más evidente en el último proceso de elección de magistrados de las cortes, según Movimiento Pro Justicia, ya que se realizaron negociaciones y cabildeos políticos para integrar las Comisiones, con el propósito de ganar favores y grupos afines a los intereses de cada sector de poder dentro del Organismo Judicial.

El análisis realizado por el Movimiento refiere que los defectos del sistema no son solamente normativos, puesto que pese al desarrollo de una ley destinada a transparentar el proceso de elección de autoridades, los intentos de burlar su propósito han sido evidentes.

“Así, sin perjuicio del importante paso que supuso la dictación de la Ley de Comisiones de Postulación, es preciso hacer un examen de los aspectos que la misma no ha solucionado. Primeramente, hay que señalar que la Constitución Política de la República, específicamente en lo que se refiere a la selección de magistrados, Fiscal General y Contralor General de Cuentas contiene disposiciones que no coadyuvan a la independencia”, critican. 

Por otro lado, la entidad considera que dicha Ley no conllevó a la eliminación de obstáculos a la independencia de las autoridades, “tales como las negociaciones políticas para determinar la presidencia de las Comisiones de Postulación; la politización de los integrantes de las Comisiones de Postulación provenientes del Colegio de Abogados; la participación de una misma persona como postulador y aspirante en procesos paralelos, como lo son los encaminados a nominar candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, y el consiguiente conflicto de intereses; y la forma de sustituir a comisionados que presentan su renuncia”.

Además advierten que en la etapa de evaluación y calificación de candidatos también se han manifestado una serie de anomalías que son una afrenta a la transparencia y publicidad del proceso. Dentro de dicho problemas podrían citarse la publicidad del voto, la “reconocida honorabilidad” y las lagunas en la calificación, entre otras.

También se critica que la falta de presupuesto propio para las Comisiones de Postulación limita sus posibilidades de actuación.

No obstante, la entidad Pro Justicia también refiere aspectos positivos, como que “la determinación del perfil idóneo ha sufrido una evolución positiva a lo largo de los procesos llevados de conformidad con la Ley de Comisiones de Postulación”.

“La aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación ha demostrado que existe una evolución en la determinación del perfil idóneo para los diferentes cargos. Dicha evolución ha supuesto tomar como línea de partida los requisitos fijados en la Constitución y en la ley, pero profundizando de conformidad con lo aportado por la sociedad civil y las consideraciones técnicas que efectúe la Comisión de Postulación”, resaltan.

La entidad también llama a reflexionar sobre la necesidad de reforma y fortalecimiento de legislación e instituciones conexas a las Comisiones de Postulación, tales como la carrera judicial y la carrera fiscal.

TEMA ESPINOSO

Uno de los puntos de especial importancia y particular análisis en las comisiones de postulación, es que la reconocida honorabilidad para quienes opten a ser funcionarios. 

En un comunicado emitido en años anteriores por el Movimiento Pro Justicia, la organización admitió que “el abordaje de la reconocida honorabilidad de los aspirantes –o la carencia de ella– sigue siendo el talón de Aquiles de este tipo de procesos de postulación. Desde 2009 a 2010 hubo numerosas impugnaciones y la Corte de Constitucionalidad se vio precisada a encauzar las discusiones en esta materia”.

El diputado Amílcar Pop también señaló que el tema más sensible de estos procesos es el concepto de “honorabilidad”, puesto que generó múltiples discusiones y posiciones complejas en el pasado porque no hay una tabla o mecanismo de evaluación.

“Estoy de acuerdo con que debe evaluarse, pero coincido con que hay cierto grado de complejidad en cuanto a las posibilidades de definirlo. La misma Corte de Constitucionalidad tuvo que pronunciarse para aclarar en qué términos debía entenderse el concepto”, señaló.

TRANSPARENCIA EN CALIFICACIÓN

Por otro lado, Pop mencionó que un tema importante es la transparencia de los cuadros de calificación, porque cuando se definen los procedimientos internos de la comisión la tabla de valoración no está regulada con claridad, “entonces tiene que ser a partir de los acuerdos que se logren”.

Además lamentó que no hay criterios claramente identificados en la Ley y eso genera una discusión, porque las decisiones y criterios de la comisión  van a ser superiores a los requisitos y mandatos constitucionales o legales.

No obstante a las debilidades, Pop consideró que fue un avance importante para el país que se hayan logrado condiciones para la creación de comisiones de postulación en el país.

Respecto a las elecciones que se aproximan, el diputado consideró fundamental conocer y discutir las propuestas de reformas a la normativa.

“Varios sectores están impulsando la reforma a la Ley, hay que ver cuáles son sus propuestas porque tampoco podemos permitir que al Congreso se le sorprenda en su buena fe para permitir que un conjunto de abogados, sectores de poder, crimen organizado y coaliciones de fuerzas representadas en el gremio de abogados vayan a pactar un órgano de Estado”, concluyó.

CONTROLES A CAMPAÑAS PROSELITISTAS

La diputada Nineth Montenegro, quien presentó la iniciativa que generó la Ley de Comisiones de Postulación, dijo que pese a haber logrado la normativa, fue insuficiente en temas como los controles a las campañas proselitistas de los colegios de profesionales.

“Lamentablemente tanto en el Colegios de Abogados y Notarios y el de Auditores Públicos y Contadores no se puede poner regulación a los gastos de campaña, porque rebasan con mucho las capacidades de gasto de la población, pero además con ellos se compran muchos favores”, expresó.

Si no se determinan controles a dichas campañas, el pago de favores se evidenciará en la Contraloría General de Cuentas y en los juzgados, consideró la legisladora.

También mencionó que no existen controles sobre la creación de universidades, ya que hay libertada para que cualquiera funde su propio centro de estudios superiores, asegurando así el derecho de tener un decano en las comisiones.

Por otro lado, criticó que en la tabla de gradación que se creó no se especifican cifras e indicadores de valoración de aspectos.

“Escribir un libro puede tener 20 puntos, pero en ética 5 puntos, y no se trata de eso. En general la idea es mejorar la Ley y vamos a tratar de tener tres foros para posicionar el tema con los jefes de bloque, con la sociedad civil y la prensa”, indicó.

Un punto que resaltó Montenegro fue el contraste entre el tiempo de fiscalización de las comisiones y el tiempo en que los postulantes se preparan para optar al cargo, pero no académicamente, sino en cuanto a negociaciones no del todo lícitas.

“Las Comisiones de Postulación tienen una vigencia útil no más de dos meses y ellos se preparan desde que termina la contienda electoral, es una desventaja enorme, pero efectivamente son temas que hay que revisar en la Ley”, manifestó.

LA FISCALIZACIÓN LLEGA TARDE

Manfredo Marroquín, analista de Acción Ciudadana (AC), manifestó que el tema de las Comisiones de Postulación ha caído en la perversión porque muchos de los colegios de profesionales consideran que el Estado es “su gran empleador”.

“Desde el Estado, han de ser estos grupos parte de la burocracia, son cooptados por las planillas que tienen acceso a recursos estatales. Por ejemplo, una gran mayoría de auditores trabaja en la Contraloría General de Cuentas, y esos mismos auditores van a elegir a la terna”, señaló.

En ese sentido dijo que los que pertenecen a la planilla oficial, al grupo oficial tiene recursos para organizarse y pervertir el mecanismo.
“Es muy parecido a los partidos políticos, hay un financiamiento oscuro, que muchas veces proviene de la misma corrupción y que es el que garantiza ganar las elecciones en todas esas comisiones”, criticó.

Cada vez que hay que elegir autoridades por Comisiones de Postulación, grupos de sociedad civil se preparan para fiscalizar el proceso, pero ¿Cómo ser efectivos en una fiscalización tan corta contra un grupo de personas que se han preparado, no siempre en ondas lícitas, durante años?

A esto, Marroquín criticó que la fiscalización ya llega muy tarde porque “todo esto se cocina previamente,  inspección de la sociedad civil ya es ver los resultados de los arreglos anteriores”.

“El tema no tiene muchas posibilidades de ser rescatado si no se clarifican los fondos con los que las planillas compiten. Debe haber transparencia en el acceso a los fondos, y eso ahora no existe”, enfatizó.