La Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público rechazó hoy las cinco impugnaciones presentadas contra el listado de seis candidatos que fue enviado al presidente Otto Pérez Molina.
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Esta mañana la Postuladora analizó las cinco impugnaciones recibidas y determinó que no eran procedentes para modificar el listado de candidatos, por medio del cual el mandatario decidiría al titular del ente persecutor.
Las objeciones fueron presentadas contra Eunice Mendizábal, Thelma Aldana y Julio Rivera Clavería; además, la Comisión rechazó una inconformidad de la candidata Ingrid Soto Carcuz, que alegó no haber sido incluida en el listado a pesar de obtener una calificación superior a otros de sus colegas
Tampoco fue aceptada una impugnación de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que alegó irregularidades dentro del proceso. La Postuladora la rechazó por considerar que únicamente era una solicitud.
En su memorial la CIJ afirmaba que no haber incluido en el listado final a Claudia Paz y Paz, actual jefa del MP, demostraba la existencia de un pacto por la impunidad impulsado por poderes fácticos provenientes de distintos sectores.
A ello la comisionada Jiselle Reynoso, de la Universidad Rural, dijo que: “Háganos el favor, cómo si existiera una estructura. (…) No somos ni Ministerio Público, ni PNC (Policía Nacional Civil) para investigar”.
DEFIENDEN PROCESO
«Es la Ley que tenemos». De esa forma la Comisión de Postulación defendió su trabajo en el proceso de elección de Fiscal General. La impugnación de Soto Carcuz llevó a la Postuladora a discutir el hecho de que la votación para el listado final no correspondiera a la calificación que los aspirantes obtuvieron.
El comisionado Rolando Escobar señaló que ni la Ley de Comisiones de Postulación, ni la Constitución Política de la República los obliga incluir en la lista final, a los aspirantes que tengan mayor calificación.
«No es vinculante el tema de la calificación en la votación de los comisionados», acotó.
Por su parte el comisionado Milton Argueta, enfatizó que tal vinculación no existe legalmente: «Es la ley que tenemos».
Diversas organizaciones del sector civil criticaron “el divorcio” que existe entre el proceso de calificación y evaluación al que fueron sometidos los 26 aspirantes a Fiscal General y la votación de los comisionados para determinar quiénes serían parte del listado de los seis.
En declaraciones anteriores, José Arturo Sierra, presidente de la Comisión de Postulación, reconoció la importancia de revisar la ley, pues permite un procedimiento objetivo, pero deja la votación a discreción del delegado.
En este proceso, pese a haber contado con la segunda mayor calificación, Paz y Paz no fue incluida en la nómina remitida a Pérez Molina.