---

Quienes fiscalizaron el proceso no están de acuerdo con nada de lo ocurrido, aunque al dí­a de hoy no son certeros en expresar el por qué de sus desacuerdos. No se han pronunciado abiertamente por uno o varios candidatos que deberí­an integrar la lista.

Los comisionados por el otro lado, insisten en los seis elegidos porque esgrimen que escogieron lo mejor que se tení­a en medio de las pocas opciones.

Sin embargo, el dí­a lunes el Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil resolvió dejar sin efecto la nómina de seis candidatos para Fiscal General de la República tras declarar con lugar el amparo provisional presentado por la diputada Nineth Montenegro.

En el fallo, la titular de esa judicatura, además ordena a la Comisión de Postulación examinar en forma pública y a viva voz el tema de la reconocida honorabilidad de los candidatos. Por último, ordena al Presidente abstenerse de elegir del listado de los 6 candidatos hasta que esa acción sea ejecutada.

La nómina de candidatos electos, a través de votos públicos por la Comisión de Postulación, para la elección de Fiscal General fue integrada por Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, í‰dgar Lemus Orellana, Marí­a Eugenia Morales Aceña, Julio César Rivera Claverí­a, Leopoldo Liu González y Byron Renato Durán.

SEí‘ALAMIENTOS

Todos los candidatos que integraron la nómina fueron tachados tanto por particulares como por las organizaciones que participaron en el monitoreo del proceso de selección de candidatos.

Conrado Arnulfo Reyes Sagastume fue impugnado por el Movimiento Cí­vico Nacional (MCN), y además tuvo otras cinco tachas presentadas por ciudadanos particulares. La Convergencia por los Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas también presentaron señalamientos en su contra, mientras que por otro lado, í‰dgar Lemus Orellana, fue señalado por el MCN y recibió una denuncia en particular.

Entre tanto, Marí­a Eugenia Morales Aceña, fue denunciada a tí­tulo personal por Roberto Estuardo Pinedo; esta candidata fue la única que quedó libre de los señalamientos de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual no consiguió Julio César Rivera Claverí­a, quien se encuentra entre el listado de los tachados por el MCN.

Leopoldo Liú González fue uno de los candidatos con más tachas, pues fue señalado por todas las organizaciones que participaron en el monitoreo del proceso. Entre las tachas en su contra resaltan las emitidas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, entre ellas porque se ha manifestado a favor de los jueces sin rostro, además señalaron que el Procurador de los Derechos Humanos lo habí­a condenado por violación a la presunción de inocencia; además tiene seis denuncias administrativas en el Ministerio Público.

Byron Renato Durán fue tachado también por la CICIG, la que señaló que como fiscal encargado de la fiscalí­a de delitos contra la vida fue responsable de diligencias realizadas con motivo del operativo de la Granja Penal Pavón y no consta que haya asumido su responsabilidad como fiscal del caso. Además señala que existió una denuncia administrativa en la que se le señala de abuso de autoridad, intimidaciones y coacciones. Además tiene tres multas en la Contralorí­a General de Cuentas, las que suman un total de Q16 mil, de lo que sólo ha cancelado Q800.

EL FALLO

El fallo de la juzgadora sobre el proceso de selección de la nómina dejó claro que aún habí­a preguntas por responder; por ejemplo: ¿por qué los comisionados no discutieron públicamente el tema de la «reconocida honorabilidad» de los aspirantes a ese cargo? ¿Investigaron objetivamente a los aspirantes los comisionados que efectuaron las evaluaciones? ¿Hubo un verdadero análisis de las proyecciones y planes de trabajo de parte de quienes tuvieron la tarea de elegir a la nómina de seis candidatos de entre los 38 aspirantes?

Las respuestas a esas interrogantes irán saliendo a la luz, luego que la Corte de Constitucionalidad resuelva en definitiva las acciones plantadas tanto por la diputada Montenegro como por la Comisión de Postulación, la cual apeló el fallo de la judicatura civil, no obstante fuentes allegadas a la Comisión manifiestan que ellos cumplieron con anunciar en vivo y de manera pública si creí­an que los seis elegidos cumplí­an con el requisito de la honorabilidad.

Esgrimen que en muchos casos se oyen cosas que no tienen forma de probarse, pero que sí­ despiertan las alarmas en algunos miembros de la Comisión. Algunos analistas opinan que debatir de viva voz acerca de cosas que no les constan a los postuladores, pero que sí­ pueden ser consideradas como hechos cuestionables, puede dañar mucho la reputación de una persona y la opción que tiene el comisionado es no votar por aquella persona de la que se oyen cosas negativas.

AVANCES, PERO…

Carmen Aí­da Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, considera que aunque el proceso fue público y transparente, «no fue perfecto, se avanzó mucho en instrumentos y herramientas para mejor evaluación de aspirantes, pero hubo falencias».

La analista refiere que por razones difí­ciles de explicar, en el último momento la Comisión de Postulación eludió discutir el tema de la reconocida honorabilidad: «Sólo se pronunciaron respecto de sí­ reconocí­an la honorabilidad de los candidatos que pasaron a la nómina final, y sólo en sentido positivo, pero no hubo actitud de debatir a profundidad sí­ tení­an o no honorabilidad, o por qué dejaron entrar a unos y a otros no».

Otra duda que señala Ibarra, respecto al trabajo de la Comisión, es que luego de las calificaciones los comisionados «empezaron con actitudes evasivas», lo que a su criterio se traduce en una negativa de dar cuentas, razonar y fundamentar sus decisiones.

La entrevistada detalló que el principal argumento para que los comisionados no discutieran el tema de la honorabilidad fue que es un tema «propio de un tribunal», lo que consideró una interpretación equivocada de la ley.

«No pueden declarar que una persona es culpable por denuncias penales en su contra, no pueden descalificar a alguien porque insisten en que no son tribunales ni jueces, pero eso más bien les sirve para eludir su responsabilidad», señaló Ibarra.

«Avanzó mucho el proceso, pero en el momento cumbre, cuando se fundamenta por qué votan por unos y descartan a otros, la comisión dejó muchas dudas. Los comisionados tienen que ser valientes y asumir su responsabilidad, tiene que tomar la decisión de proponer candidatos a ese tipo de cargos, lo que les corresponde es que tomen decisiones y las fundamenten y no asuman una postura cobarde», añadió.

Según la analista no hubo comunicación entre la Comisión y la ciudadaní­a hacia la opinión pública, respecto a los señalamientos que hizo la sociedad civil contra los aspirantes: «No se atreven, les da pena, miedo; y eso levanta sospechas de corrupción porque se considera que tienen mal desempeño en su labor postuladora. Hubo mucha hipocresí­a de por medio y no se atreven a decir por qué favorecen a uno y rechazan a otros», insistió.

A la fecha, los movimientos pro justicia del paí­s no se han pronunciado abiertamente a favor de algunos candidatos.

OBLIGADOS

Marco Antonio Canteo, representante de la Convergencia por los Derechos Humanos, citó una gran lista de inconsistencia durante el proceso de selección de la nómina de candidatos a Fiscal General del MP.

Entre las fallas resalta que la Comisión aprobó con retraso el cronograma de trabajo, no realizó una guí­a adecuada de entrevistas públicas, incumplió con la Ley -al no otorgar un valor a las entrevistas-, no debatió sobre la honorabilidad de cada uno de los aspirantes, no razonó por qué eligió candidatos cuestionados y confirmó que asegura que hubo negociaciones «debajo de la mesa».

«Pudo más la mano de mono que la transparencia y ello se evidenció justamente en la falta de debate del tema de la reconocida honorabilidad y no se razonó por qué las votaciones para candidatos especí­ficos», consideró Canteo.

El analista señala que el proceso, en cuanto al debate de la honorabilidad, «se quedó cojo» porque no se terminó de discutir el tema y se percibió que ese aspecto es necesario en los aspirantes a Fiscal General.

Canteo dijo además, que los comisionados tienen «la obligación» de investigar a los aspirantes y para ello deben realizar solicitudes de información a las instancias que les proporcionen los datos que requieran para comprobar la información de los candidatos.

«Esa parte de investigación no la realizó la Comisión y se supone que no es de indagación directa, pero sí­ tienen la facultad de solicitar a la sociedad civil ayuda para tener mejores elementos de juicio respecto a cada aspirante», indicó.

El entrevistado consideró también que aunque los comisionados recibieron la información, no la analizaron lo suficiente, por lo que otra duda que dejó el recién terminado proceso de elección de la nómina es que no hay certeza de si se valoró o no, los señalamientos de la Sociedad Civil o la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

RELATIVO

Oscar Cruz, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y Secretario de la Comisión de Postulación, refirió que el recién terminado proceso fue «totalmente transparente» y que según él llenó las expectativas tanto de los comisionados «como de la sociedad civil», debido al cumplimiento del cronograma de actividades, que a su criterio, se cumplió con exactitud.

«No, no hubo ningún obstáculo durante el proceso», respondió Cruz al cuestionarle sobre el tema; no obstante, refirió que «el único problema en mi calidad de presidente del CANG, fue la poca participación de profesionales del derecho en esta actividad de elección del jefe del MP», dijo.

A decir de Cruz, el fenómeno de la escasa participación en la elección se debió a que «los profesionales no se quieren someter a ese escrutinio social», que implica participar en un proceso de esa naturaleza.

Cuando el presidente del CANG fue cuestionado sobre la falta de discusión de la reconocida honorabilidad respondió: «Sí­ se discutió, pero fue a lo interno de la Comisión, además, desde el momento que se votaba, el comisionado emití­a opinión sobre la reconocida honorabilidad que para él merecí­a el voto del candidato».

Cruz califica ese tema como «discutible», ya que considera que es una cuestión que no se puede medir, debido a que «para unos un candidato podrí­a tener una reconocida honorabilidad y para otros no, por eso no se discutió públicamente, no se puede discutir ese tema porque al final no se llega a un feliz término, es algo sumamente relativo, algo que no se puede medir».

EFECTOS

Las dudas que para muchos dejó el trabajo de la Comisión de Postulación ya provocaron pronunciamientos de parte de la sociedad civil y efectos legales.

La Comisión Internacional de Juristas consideró como una necesidad que el Presidente de la República, ílvaro Colom, devuelva la lista de aspirantes a la Comisión Postuladora, luego de consultar a la Corte de Constitucionalidad sí­ es posible tal extremo.

No obstante, la acción que podrí­a cambiar radicalmente el panorama de la primera fase del proceso es la acción que fue interpuesta contra la Comisión Postuladora para Fiscal General al considerar que ésta no debatió el principio de honorabilidad que establece la Ley de Comisiones de Postulación.

La diputada Montenegro considera que no es válido que como en el proceso de integración de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, vuelvan a hacer «un trabajo a medias», indicó.

En tanto que a criterio de las instancias fiscalizadoras de la labor de la Comisión de Postulación para Fiscal General, el panorama no es del todo alentador; pues una de las conclusiones más recurrente de las discusiones sobre el tema fue que la mayorí­a de candidatos carecí­a de planes efectivos para generar cambios sustanciales en el MP.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) también se sumó a la crí­tica de la integración de la nómina de seis aspirantes a Fiscal General.

Según la OACNUDH es preocupante el hecho que la Comisión de Postulación haya decidido integrar la nómina de candidatos sin hacer públicas y expresas las justificaciones por las que eligió a cada aspirante en correspondencia con el puntaje obtenido.

También se pronunció respecto a que no se determinara de manera objetiva y en forma pública e individual, si los candidatos reúnen los requisitos de capacidad, especialidad, idoneidad y honorabilidad para ese cargo.