El día de ayer en Tegucigalpa, con la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos -OEA-, José Miguel Insulza, se instaló oficialmente la Comisión de la Verdad, responsable de realizar un informe sobre las violaciones a derechos humanos cometidos durante el golpe de Estado perpetrado en Honduras el pasado 28 de junio. La comisión estará encabezada por el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein.
Por su parte, los movimientos sociales no han querido dar todo el respaldo a esta comisión, y han conformado una comisión paralela por un equipo internacional en el que figuran dos premios Nobel, como Rigoberta Menchú y el argentino Adolfo Pérez Esquivel.
La instalación de estas comisiones constituye un momento político importante para la nación centroamericana. Por un lado, el presidente electo en un proceso convocado por el gobierno de facto, Porfirio Lobo, quiere con estas acciones adquirir el reconocimiento de toda la comunidad internacional, lo cual al momento no ha logrado en su totalidad.
En tanto, las organizaciones sociales, opuestas al golpe de Estado, quieren señalar y juzgar a aquellos autores intelectuales del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya Rosales y todos los actos de represión que derivaron de esta acción.
Esto me recuerda lo ocurrido en Guatemala, donde también se realizaron dos informes de la verdad, el de la Comisión del Esclarecimiento Histórico -CEH-, y el de Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado.
Si una debilidad se presenta en estos informes, es que no se ha podido evidenciar la responsabilidad directa de grupos económicos de poder, tanto terratenientes como otros sectores empresariales que apoyaron la labor de grupos paramilitares.
En el caso de Honduras, diversos grupos, entre ellos una investigadora de la Universidad Nacional, Leticia Salomón, experta en asuntos militares, ha denunciado la participación de empresarios en el golpe de Estado.
En un artículo publicado por Rebelión, señala que el golpe «fue planeado por un grupo empresarial liderado por Carlos Roberto Facussé, ex presidente de Honduras y dueño del periódico La Tribuna, que junto con La Prensa, El Heraldo, los canales de televisión 2, 3, 5 y 9 fueron el pilar fundamental del golpe» (Rebelión 31/07/09).
Tanto Facussé, como Carlos Canahuati, son dueños de los medios escritos de mayor difusión. Canahuati era uno de los principales beneficiados con la venta de medicamentos al Estado, por ser el distribuidor de varias firmas transnacionales.
Medidas como el aumento al salario mínimo, la intervención estatal en los servicios de energía eléctrica, de telefonía y el cortar los contratos para venta de medicamentos al Estado de parte de una sola empresa y promover programas de producción de medicamentos genéricos, incidieron en el ensañamiento de empresarios contra el presidente Manuel Zelaya.
Sería importante entonces, no sólo buscar entre jefes de policía y militares, quienes por supuesto tienen su cuota de responsabilidad. Se hace necesario indagar entre los grupos económicos de poder. Para ello, se necesita de la voluntad de quienes realicen los informes, de llegar al fondo, y saber sustentar con pruebas su versión. Si no lo hace la comisión oficial, ojalá la otra pueda sentar ese precedente.