Catorce presuntos miembros del llamado aparato logístico de la banda armada separatista vasca ETA, entre ellos el que fue su jefe hasta 2001, Asier Oyarzábal Txapartegui, comenzaron a ser juzgados hoy en el tribunal especial de lo criminal de París.
Como ocurre en este tipo de juicios, los acusados, franceses y españoles, se negaron a reconocer al tribunal que les juzga, reivindicaron su «nacionalidad vasca», vitorearon a ETA y pidieron a Francia que se involucre políticamente en la resolución del conflicto vasco.
Todos ellos son sospechosos de mantener algún tipo de relación con ETA y la mayoría tiene vinculación con el cobro y gestión del llamado impuesto revolucionario y con la custodia de un importante depósito de armas y explosivos descubierto en 2002 en el suroeste de Francia, conocido como el zulo Chernobil.
Junto a Oyarzábal, de 35 años, comparecen los supuestos activistas de ETA María Dolores López Resina, 55 años, Alberto Ilundain Iriarte, de 45, y el francés Didier Aguerre, de 30.
Los cuatro, junto a la compañera de Oyarzábal, Ohiane Errazquin Galdós, que se suicidó el 8 de julio del 2004 en una prisión de París, fueron arrestados en septiembre del 2001 en dos localidades del sureste de Francia cuando preparaban un robo de explosivos en una fábrica de dinamita de este país.
Seis de los acusados lucían el viernes camisetas con la imagen de Errazquin y ninguno de ellos se dignó levantarse ni responder a las preguntas del presidente del tribunal, Jean-Pierre Getti, que está acompañado de otros seis jueces.
Tras cantar con el puño en alto el himno nacionalista vasco Eusko Gudariak (Soldados vascos) y gritar «Gora ETA» (Viva ETA, en vasco), la audiencia fue suspendida y el público evacuado.
Minutos después, cuando la sesión se reanudó, Oyarzábal y otro de los acusados, Félix Ignacio Esparza, leyeron una declaración en francés en la que denunciaron la «farsa judicial» que representa este juicio, en la cual se niegan a participar.
Los dos acusados reivindicaron su pertenencia a ETA y se presentaron como «combatientes por el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro».
«Mientras el Estado francés no reconozca la realidad del conflicto vasco, este conflicto perdurará», afirmó Esparza.
Por su parte, Oyarzábal, refiriéndose al alto el fuego declarado por ETA en marzo y a los primeros y difíciles pasos del diálogo entre la banda armada y el gobierno español para instaurar las bases de un proceso de paz, se dirigió acusador a las autoridades judiciales francesas: «Ocho meses después, seguís sin reconocer la existencia del pueblo vasco y os equivocáis porque no hay solución represiva».
ETA respeta un alto el fuego desde el 24 de marzo, después de 40 años de violencia terrorista que dejaron un saldo de 800 muertos. Francia, donde están encarcelados 153 de los cerca de 700 presos vascos, ha servido de retaguardia a la banda armada durante décadas.
Hasta ahora, el gobierno francés se limitó a subrayar que la «búsqueda de una salida política para el conflicto vasco incumbía exclusivamente a España».
«Pedimos a Francia que no eche a perder esta oportunidad que tiene delante. Al cerrar la puerta de una salida política, corre el riesgo de prolongar el conflicto», insistieron los acusados.
Oyarzábal, alias Baltza, natural de San Sebastián (País Vasco, norte) sustituyó a Ignacio Gracia Arregui, alias «Iñaki de Rentería», a la cabeza del aparato logístico cuando este fue detenido, en septiembre del 2000.
El presunto etarra ya fue condenado en 2005 en Francia a una pena de 20 años de cárcel por el robo de ocho toneladas de dinamita en 1999, en Plevin (noroeste).
Además se sienta en el banquillo Juan Angel Otxoantesana Badiola, alias Kirru, de 52 años, detenido en Biarritz (suroeste) en 2002 y acusado de gestionar el llamado impuesto revolucionario, es decir, las extorsiones de ETA.
También comparecen, pero en libertad, cinco miembros de la familia Erbina Zubillaga (un matrimonio de 81 y 74 años y sus tres hijos), acusados de haber custodiado el zulo Chernobil de 1993 a julio de 2002 en su casa de Las Landas (suroeste de Francia).
Por último, también son juzgados la francesa Laurence Guimont y su marido, Félix Ignacio Esparza, y los presuntos etarras Ibon Gogeascoetxea e Igor Garro Pérez, ambos huidos.
Está previsto que el caso quede visto para sentencia el 30 de noviembre.