El Marco Civil de Internet, una especie de «Constitución» en la que se establecen reglas, derechos y deberes para usuarios y proveedores de la red mundial comienza a regir desde ayer en Brasil.
El Marco Civil fue impulsado por la presidenta Dilma Rousseff a raíz de las denuncias de que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos espió las telecomunicaciones de la presidenta, del ente estatal Petrobas y de millares de ciudadanos comunes en todo Brasil.
Varios de los puntos incluidos en la nueva legislación benefician especialmente a los usuarios, entre ellos el de «neutralidad de la red», que consiste en que los usuarios puedan acceder a cualquier contenido de Internet a una misma velocidad y calidad, sin que las empresas proveedoras puedan interferir en esos aspectos.
Otro punto que beneficiará a los usuarios es el vinculado a la privacidad. A partir de hoy, los proveedores de Internet están obligados a respetar la inviolabilidad de las comunicaciones de los usuarios y tienen prohibido vender a terceros sus informaciones personales y registros de acceso, salvo que el consumidor lo autorice expresamente.
Asimismo, las empresas extranjeras de Internet que ofrecen servicios en Brasil deberán obedecer las normas de la legislación brasileña, aun cuando no estén instaladas en el país.
La reglamentación también estipula que las redes sociales solo podrán retirar del aire fotos o vídeos que utilizan imágenes protegidas por derechos de autor a través de una orden judicial, a excepción de casos en que aparezcan desnudos o actos sexuales de carácter privado.
El director de la organización no gubernamental «SaferNet», Rodrigo Nejm, que actúa en la prevención de investigación de delitos vinculados a Internet, dijo que Brasil se adelantó a varios países «dando el ejemplo de cómo reglamentar esas decisiones de manera equilibrada entre los varios intereses y puntos de vista sobre el asunto».
En declaraciones que reproduce hoy la agencia estatal de noticias ABR, Nejm dijo que a partir ahora se plantea el desafío de evitar que la nueva ley no quede solo en el papel.
«Todavía hay una laguna importante en la estructura de las policías especializadas» para poder hacer cumplir la ley. «La carencia de infraestructura es grande», admitió.
Explicó que Safernet apuesta más por la prevención que en la sanción, para evitar delitos informáticos.
En tal sentido, destacó el Artículo 26 del Marco Civil, el cual estipula que el Estado tiene el deber de promover la educación para el uso seguro y responsable de Internet en todos los niveles de enseñanza.
«Para nosotros eso es muy importante. Más que el tema de seguridad, queremos discutir la ciudadanía digital: ética, derechos humanos, respecto a derechos y deberes, y no hablar solo sobre los peligros en la Internet», señaló.