Con una serie de razonamientos falsos Edith González (La Hora, 23/jun/07) trata de equiparar la estafa del Banco de Comercio, entidad autorizada por la Junta Monetaria, con los cometidos por financieras que pagaban intereses altí­simos y que lógicamente eran estafas bien estudiadas y de corto plazo.

El Certificado de Custodia, en mi caso personal, pagaba un interés de 9.25% anual en una inversión a 12 meses que se encuentra dentro de un rango normal en el sistema bancario.

Sigue indicando Edith que olvidamos que el depósito fue realizado a través de gestiones bancarias fuera del paí­s; para su conocimiento, el jefe de Agencia del Banco de Comercio era el que recibí­a el depósito a plazo, sin ninguna advertencia que se trasladarí­a a Panamá y la Superintendencia de Bancos jamás advirtió en sus boletines que una off shore funcionaba dentro del Banco de Comercio, y en septiembre de 2005 cuando recibió una denuncia sobre la captación de fondos con los Certificados de Custodia, no realizó ninguna acción que hubiera puesto en alerta a todos los que colocamos nuestros ahorros en custodia del Banco de Comercio para hacer el correspondiente retiro.

En forma oficiosa Edith se permite afirmar que el Estado de Guatemala no puede respondernos, y en este punto se pone en sintoní­a con Luis Enrique Pérez (Siglo Veintiuno, 18/jun/07) quien nos califica de inmorales a los que reclamamos la reposición de nuestros ahorros, afirmando que ya recibimos «beneficios inusualmente gratificantes» o sea intereses de financiera?

Nuestra Constitución Polí­tica manda obligación del Estado proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión. El Banco de Comercio, entidad autorizada por la Junta Monetaria, fraguó esta estafa a lo largo de 12 años y la Superintendencia de Bancos que tiene un mandato constitucional de vigilar e inspeccionar todas las operaciones de los Bancos sin salvedades ni excepciones no tiene argumentos válidos para disminuir su responsabilidad en este grave problema que debe resolverse como una catástrofe financiera.

El Procurador de los Derechos Humanos en su declaración del 7 de febrero de 2007 dice: «Existen motivos para estimar que la Superintendencia de Bancos no ejerció debidamente sus deberes de control y vigilancia, omisión que es una de las causales de que las anomalí­as bancarias dañaran gravemente a miles de personas que, de buena fe, depositaron su dinero». Recomendando al Estado de Guatemala hacer el máximo esfuerzo para que todos los perjudicados recuperen sus ahorros e inversiones y sentenciaba QUE EN ESTE CASO ES POSIBLE HACER JUSTICIA COMPLETA.