Con riesgo de caer en la jactancia, me arrogo la complacencia de los guatemaltecos que están conscientes de que la corrupción ha socavado a casi todas las instituciones e instancias del Estado, por la decisión adoptada por el Ministerio Público de enfrentar con rigor ese perverso fenómeno que se ha extendido impunemente a lo largo de las recientes décadas y durante todos los gobiernos que se han sucedido.
La periodista Jody García publicó en La Hora del miércoles 18 un amplio y detallado reportaje que incluye declaraciones de funcionarios del MP y reacciones de analistas en torno a los primeros pasos firmes encaminados a encarar este grave problema que envuelve en sus garras a servidores públicos de todas las escalas de los tres organismos del Estado y a empresarios de diversa índole que no reparan en vulnerar elementales principios de la economía de mercado que públicamente arguyen defender; pero que, también, aunque en proporciones menores, ha atrapado a guatemaltecos de a pie que se ven obligados a romper con sus valores éticos con suma facilidad, a fin de lograr el trámite de gestiones que deberían realizarse sin alterar reglas y conductas de honestidad en una sociedad libre de trampas y artificios, y que propicia la falta de transparencia en las actividades estatales.
En aras de la claridad conceptual acerca de lo que se propone en esta frontal lucha de la institución encargada de la persecución penal, repito las palabras del abogado Javier Monterroso, asesor en el despacho de la Fiscal General, al referirse al fortalecimiento de la Fiscalía contra la Corrupción, e indicar: Necesitamos el doble del personal que tenemos para lograr un adecuado combate, una cantidad igual de vehículos, de investigadores con capacidades contables, de análisis financieros, para que investiguen las cuentas, los pasos y transacciones financieras del Estado; especialistas en el tema presupuestario y tecnología, bases de datos.
Como puede colegirse fácilmente, no una leve y sencilla tarea que pueda emprenderse y desarrollarse sin mayores esfuerzos de múltiples facetas, toda vez que el MP tendrá que lidiar con lo que el presidente Pérez Molina calificó de “un monstruo de mil cabezas” que su gobierno –como los anteriores- cobija en sus propias entrañas y que para eliminarlo en su mínima expresión requiere y demanda la promulgación por el Congreso de la Ley contra la Corrupción, la participación de expertos de la Policía Nacional Civil y la especialización de tribunales del Organismo Judicial, además del compromiso real, fiel y consecuente de la cúpula empresarial para no tolerar ni mucho menos proteger a contratistas del Estado y financistas de campañas electorales que corrompen a frágiles y vulnerables funcionarios públicos que si no son los primeros en exigir comisiones, están prestos a tender la mano para recibir sobornos.
El compromiso del MP en esta escabrosa gestión debe contar, asimismo, con el acompañamiento de la sociedad civil, para bien de todos los guatemaltecos.
(Un displicente diputado le comenta al reportero Romualdo Tishudo: -Como quiera que sea, estamos mejor que si estuviéramos peor-.