La situación de pobreza que es tan aguda en países como Guatemala, a causa de la inequidad existente que acumula mucha riqueza en pocas manos y condena a la miseria por falta de oportunidades a millones de habitantes, se convierte en algo insostenible que nos debe obligar a un esfuerzo colectivo para revertir tan grave problema y, ciertamente, la actitud al día de hoy ha cambiado porque todos entendemos que ya no se puede dar marcha atrás en el impulso de programas sociales realizados con ese fin.
En el evento organizado ayer por los empresarios quedó claro que es una prioridad para los guatemaltecos combatir la pobreza y que para el efecto tiene que haber una comunidad de acciones entre los distintos sectores del país. Y se evidenció que los programas de transferencias condicionadas pueden tener un impacto importante siempre y cuando se trabajen con absoluta transparencia y sin quererlos utilizar politiqueramente con fines electorales.
En Guatemala la actitud del gobierno de imponer trabas al flujo de información y de administrar los programas con evidente intención electorera le está haciendo daño al concepto mismo de cohesión social y a la continuidad de los programas de combate a la pobreza porque dan argumentos sólidos a los que, por principio ideológico e intereses mezquinos, se oponen a que el Estado impulse programas de asistencia a los más necesitados.
Tristemente el mismo gobierno termina dando municiones a quienes quieren ponerle fin a una loable causa como es la de ayudar a las familias que quieren mandar a sus hijos a la escuela, puesto que mientras no se transparente de manera absoluta el sistema y no se le aleje del clientelismo político, su continuidad siempre estará en duda.
Nosotros hemos considerado desde siempre que es función del Estado apoyar a los más necesitados y que la política fiscal siempre debe tener como objetivo la promoción de la equidad para que mediante el pago de impuestos de los que más tienen, se generen oportunidades a los que viven en condiciones de pobreza.
Educación y salud son pilares de la oportunidad, pero siendo tanto el abandono en que han estado esas familias en condiciones de miseria que se impone la necesidad de compensadores sociales urgentes para facilitarles la vida.
Sin embargo, la falta de transparencia, inexplicable si realmente hay interés por consolidar los programas y hacerlos efectivos, y el clientelismo político, que puede ser la causa de la falta de transparencia, conspiran contra la institucionalización de los programas sin que esa realidad sea entendida, menos aceptada, por los funcionarios de este gobierno.