Cuando no se trata de grandes decomisos de droga o masacres, poco o nada se sabe de las operaciones de narcotraficantes en Guatemala. Pero eso no significa que el fenómeno del narco permanezca inmutable. Por el contrario, se desarrolla y evoluciona de acuerdo a su entorno, para lo cual cabe preguntarse qué modelo le espera a los grupos criminales del paí­s. Un especialista en seguridad estratégica explica el caso del paí­s, que se acerca a la «mexicanización».

En el tema del desarrollo de las organizaciones criminales se habla permanentemente de la «colombianización» y recientemente de la «mexicanización» de Guatemala, como resultado de la presencia y operación de grupos de tráfico de drogas dentro del territorio nacional.

Pero dichos términos intentan, la mayorí­a de las veces, la comparación de los hechos violentos que se llevan a cabo contra sus ciudadanos, algunas autoridades o la misma competencia que entre ellos -delincuentes-, se genera por el negocio o la toma de control de nuevos territorios.

Sin embargo, en otras oportunidades se olvida que el hecho violento es el lí­mite al que llegan estas organizaciones y se pierde en el análisis todo el entorno o el «proceso» que las lleva a tomar estas medidas.

COLOMBIA

En el caso de Colombia, en el inicio de los grupos de tráfico de estupefacientes se compró voluntades de empresarios, autoridades institucionales y polí­ticos con representación legislativa o ejecutiva que podrí­an facilitar las operaciones.

Fue tanto el poder que lograron los narcotraficantes por medio polí­tico, que incluso el reconocido capo de la droga, Pablo Escobar, intentó hacer una carrera propia. Llegó a ser representante ante el Legislativo, participó en la elaboración de partidos polí­ticos que querí­a para ser candidato presidencial e, incluso, eliminó a figuras que podrí­an ser sus «contendientes» en el futuro electoral.

Con el correr del tiempo, sus «aliados» polí­ticos empezaron a ceder ante la presión de Estados Unidos por evidente incapacidad y falta de voluntad de algunas autoridades de hacerle frente a las organizaciones criminales y se inicia la discusión de la «extradición».

Al mismo tiempo, el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el secuestro como sistema de financiamiento genera un enfrentamiento con los narcotraficantes, principalmente Escobar, sobre un delito que consideraban «intolerable».

Este enfrentamiento es aprovechado por los competidores del capo para utilizar su distracción hacia otros temas, a fin de tratar de debilitar sus áreas de acción y el equipo de colaboradores hasta llegar a una potencial entrega o muerte de Escobar.

Junto a ello, el surgimiento de los «Pepes» (Perseguidos Por Pablo Escobar), en una alianza entre fuerzas del Estado, miembros de las organizaciones criminales y algunos parientes de ví­ctimas de Escobar, llevan la batalla del sicariato a su máxima expresión para ser utilizada tanto por el grupo narco del cartel de Medellí­n, como por el paramilitar -Pepes-.

Todos estos factores -extradición, poder polí­tico, FARC y Pepes- fueron los detonadores de la peor ola de violencia que vio Colombia y que estableció a los grupos de narcotraficantes como sanguinarios; esta tradición es la que se intentó «importar» en otros paí­ses que participan del negocio.

Mí‰XICO

En el vecino paí­s, las organizaciones de tráfico de estupefacientes se encontraron con una situación que, por su complejidad, les beneficiaba para su fortalecimiento. En primer lugar, la gran «redistribución» territorial se empieza a dar en la primera mitad de los años 90, tras la muerte de Escobar en Colombia y el surgimiento de los «nuevos» capos que buscaron a sus operadores de rutas.

Pero en ese mismo momento México como paí­s, sus autoridades, las entidades de inteligencia y el Ejército estaban enfocándose en el surgimiento del movimiento revolucionario en Chiapas y el comandante Marcos.

Esto les permitió a los grupos criminales que su rival a «vencer» o «convencer» eran las policí­as locales -no federales- con área de acción dentro de sus territorios.

Cuando la atención federal se volteó para intentar sobreponerse a las fuerzas de poder local, incluyendo a las fiscalí­as, el establecimiento de las redes era demasiado fuerte y en muchos casos se llegó al convencimiento de «acceder» a participar, mientras que en el otro se empezaron unas batallas con autoridades y entre algunos narcotraficantes.

Surge la polí­tica de «Plata o Plomo» con la que hací­an el procedimiento de negociación con elementos del sector público y algunos del sector privado: «Nos ayudas por dinero, o por temor». La idea era sencilla, recibir beneficios o recibir balazos.

Como parte del proceso de negociación, se logra que miembros de los GAFE (Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales), posiblemente el mejor entrenado grupo militar del vecino paí­s, acepten pasar a formar parte de una nueva carera en la que sus posibilidades económicas se multiplicaban exponencialmente: Ser parte de un grupo armado ilegal, que con el tiempo recibió el nombre de «Los Zetas».

En México se encuentra en estos momentos una guerra interna entre ejército y autoridades federales contra carteles del narcotráfico que no es mayor que la misma que hacen entre competidores de las organizaciones criminales.

En México se debe tomar como referente de la violencia originada del narcotráfico, en que el control territorial estaba bien marcado entre los carteles y cuando se intenta que crezca el área de operación de alguno, el «volteo» (traición) de alguno de los colaboradores, el tumbe de droga de los rivales o el surgimiento de un nuevo grupo, se genera una ola de violencia sumamente sanguinaria y generalizada.

EL PAíS

Guatemala puede ser más un caso como el mexicano que como el colombiano. Actualmente los mismos carteles mexicanos por la presión que tienen en su paí­s, han dirigido sus operaciones a Guatemala.

Con anterioridad, el paí­s solo era un escalón operativo para el traslado de la droga para México. Hoy, ya no solo se hace el recibo y reenví­o de la droga, sino que también se preparan los embalajes finales desde el territorio guatemalteco.

Quienes están corriendo las operaciones son los carteles mexicanos que en alianza o sociedad con organizaciones chapinas han ido amarrando y absorbiendo sus áreas de operación, sus nexos con el poder del Estado y el control de los puestos tanto polí­ticos como institucionales locales.

Pero no están, en muchos casos, satisfechos con lo que tienen. La violencia que se está generando es por la búsqueda de la extensión de su capacidad operativa.

Un elemento fundamental que se debe de tomar en cuenta para los próximos 20 meses, es que se llevará a cabo el primer proceso electoral con la presencia de estos grupos en el paí­s e intentarán participar «a su manera» en el impulso de candidaturas.

Aun cuando esto ha pasado con anterioridad a todo nivel en el paí­s, es diferente el sistema de apoyo a los polí­ticos que los mexicanos hacen al que los grupos guatemaltecos llevaban a cabo. Si a esto se suma que, asumido el poder, empezarán a impulsar su «nuevo método» de exigencias, esto puede provocar niveles de violencia que no se han vivido aún en el paí­s.

FORTALECIMIENTO Y EVOLUCIí“N

Analistas en seguridad ven con preocupación el fortalecimiento y evolución del narcotráfico en Guatemala, que no solo gana espacio territorial, sino que ha convertido al paí­s en un campo de batalla.

«En Guatemala hay incursión de México. Las disputas son cada vez más serias; si vemos un poco la evolución del problema, antes no habí­a tanto espacio territorial y de negocios, habí­a menos asesinatos, pero ahora el narcotráfico se desenvuelve en otro estilo», indica Adela Camacho de Torrebiarte, ex ministra de Gobernación.

Por otro lado, De Torrebiarte dice que Guatemala geográficamente es muy atractiva para los narcotraficantes, principalmente por la facilidad para ingresar por sus fronteras, por eso debe existir la necesidad de crear un plan de combate.

«Guatemala deberí­a tener un plan, aparte del plan integral de los otros paí­ses donde la droga llega -Estados Unidos y Europa-, independientemente de eso, creo que deberí­a tenerlo», dice.

Por su parte, Mario Mérida, analista en seguridad, considera que en la medida que México triunfe en su lucha contra el narcotráfico, en esa lí­nea, podrí­a afectar a Guatemala, pues la diferencia entre un paí­s y otro es que el Gobierno mexicano trabaja con inteligencia y busca enfrentarse al narcotráfico, mientras que en Guatemala no existe una polí­tica de seguridad similar.

De acuerdo con el experto, los narcotraficantes analizan redireccionar sus operaciones a Guatemala no solo por la facilidad de ingresar por las fronteras, sino por la falta de aplicación en seguridad y justicia.

Según Mérida, la situación se refleja en la ausencia de la elección de personas que dirigen órganos estatales que cumplen una función vital en distintos temas, como el cumplimiento de la justicia.

«No hay manera de que elijan un Fiscal, un representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un Contralor, y uno del Instituto de la Defensa Pública Penal, todo esto nos está diciendo que es un nicho ideal para invadir y si a eso se le agrega los altos niveles de corrupción que existen en la Policí­a Nacional Civil (PNC)», opina.

El coronel retirado dice que el problema se ha fortalecido y a estas alturas es muy difí­cil que el Gobierno pueda combatirlo. Sin embargo, es necesario hacer el mayor esfuerzo para sobrellevar la situación.

«Desafortunadamente depende del próximo gobierno, creo que este ya no puede hacer mucho en este tema; sin inteligencia de primera mano, sin gente especializada para dirigir, es muy complejo que pueda controlar al narco», concluye.