El presidente Juan Manuel Santos anunció hoy que Colombia se retiró del pacto que le concede jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para dirimir conflictos limítrofes entre los países del mundo.
«En el día de ayer (martes) Colombia denunció al Pacto de Bogotá. El aviso correspondiente fue entregado al secretario general de la Organización de los Estados Americanos», dijo Santos al inicio de un foro del gremio de los cafeteros en Bogotá.
Agregó que «nunca más nos debe volver a suceder lo que sucedió con el fallo del 19 de noviembre» cuando esa Corte falló en un pleito presentado en 2001 por Nicaragua, que demandó la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en aguas del mar Caribe.
La Corte reconoció la soberanía colombiana sobre todo el archipiélago, ubicado a 720 kilómetros de la costa de Colombia y a 110 kilómetros de territorio nicaragüense, pero concedió al país centroamericano derechos de explotación de recursos en aguas hasta ese momento sólo colombianas.
Santos explicó que la renuncia de Colombia al Pacto de Bogotá significa «excluir de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia asuntos que competen a su soberanía».
El Pacto de Bogotá fue firmado en la capital colombiana en 1948 por naciones del hemisferio en el marco de una conferencia de la Organización de los Estados Americanos. Por ese tratado varios países reconocieron la competencia de la Corte para dirimir las controversias de orden jurídico que surgieran entre las partes. Países como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Venezuela no lo ratificaron y están fuera del tratado.
«La decisión que he tomado obedece a un principio fundamental: los límites entre los Estados deben ser fijados por los propios Estados. Las fronteras terrestres y los límites marítimos entre los Estados no deben quedar en manos de una corte sino que deben ser fijados de mutuo acuerdo por los Estados mediante tratados. Este principio esencial es compartido por países en diferentes continentes del mundo que han tomado la misma posición que ahora adopta Colombia «, dijo Santos al explicar que el retiro es sólo para los casos de territorialidad, sin ofrecer más detalles.
Santos indicó que «con esta denuncia Colombia no pretende… separarse de los mecanismos de solución pacífica a las controversias. Por lo contrario, Colombia reitera su compromiso de recurrir siempre a procedimientos pacíficos».
Expertos internacionalistas consultados por The Associated Press no coincidieron en los efectos de la decisión anunciada por el mandatario. Algunos destacaron que el fallo de La Haya del 19 de noviembre sigue vigente y no hay posibilidad de revertirlo, mientras otros indicaron que Colombia puede dar la pelea, desacatando la decisión del alto tribunal, y llevar el pleito a las Naciones Unidas. Destacaron también que hay más de un centenar de pactos que reconocen a la Corte y las soluciones negociadas y que hasta ahora Bogotá no ha dicho qué sucederá con esos acuerdos.
El abogado Rafael Nieto Navia explicó que el retiro de Colombia del pacto no tiene efectos sobre pasadas decisiones sino sobre futuras y que ahora un país del hemisferio no podrá demandar a Bogotá ante la Corte. La cancillería había dicho que Nicaragua podría intentar nuevas demandas ante el tribunal internacional.
«Por supuesto que es para evitar futuros problemas. Si lo hubiéramos hecho en esa época (en los años 90) nos hubiéramos evitado todo esto» del fallo sobre Nicaragua, dijo Nieto Navia, uno de los seis integrantes de una comisión creada por el gobierno de Santos para analizar las posibilidades de acción frente al dictamen de la Corte en el caso con Managua.
Pero para el experto en asuntos internacionales Vicente Torrijos, profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá, el retiro es de hecho el desacato de facto del fallo «y no tenemos que tener miedo».
Si Nicaragua, agregó, decide llevar a Colombia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para obligar a Bogotá a cumplir la decisión del 19 de noviembre, «entonces nos movemos en el plano diplomático, tenemos amigos y podemos conseguir que veten ese pedido» eventual de Nicaragua ante el Consejo de Seguridad.
El presidente Santos no mencionó la palabra desacato ni dijo que se desconocerá la decisión de la Corte Internacional, pero su canciller María Angela Holguín aseguró la víspera que como el fallo de la Corte sólo concedió derechos económicos a Nicaragua en esas aguas, el resto era de libre navegación.
«Las fragatas (militares colombianas) pueden estar en cualquier parte porque son aguas internacionales. Los derechos que da la Corte… son derechos económicos para pesca o explotación petrolera, pero son aguas internacionales, así que las fragatas pueden estar donde quieran, salvo en las 12 millas del mar territorial de Nicaragua», dijo la ministra.
La experta en asuntos internacionales Laura Gil expresó, no obstante, que recién en un año se hará efectivo el retiro, porque esas son las normas internacionales.
«Lo que acaba de decidir el gobierno de Juan Manuel Santos no evita la obligación de acatamiento del fallo. Los efectos de la denuncia se dan un año después de depositada… El año que viene muchos países podrán poner una demanda (contra Colombia). Cuándo el presidente dice nunca más es relativo», dijo Gil.