El gobierno colombiano extraditó hacia Estados Unidos por narcotráfico a catorce personas, entre ellos 13 de los más importantes jefes paramilitares de ultraderecha, por incumplir los acuerdos que habían firmado al desmovilizarse en una negociación de paz.
El ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín informó que los extraditados fueron enviados al amanecer, tras ser movidos desde las cárceles en que estaban recluidos hacia la base militar de Catam en Bogotá.
El gobierno colombiano mantenía suspendidas las órdenes de extradición de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como parte de los beneficios concedidos a los paramilitares por la desmovilización de unos 31 mil combatientes, que concluyeron en abril de 2006 después de una negociación de tres años.
Entre los extraditados se encuentran Salvatore Mancusso -de ascendencia italiana- y quien fue portavoz de los paramilitares; Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), uno de los más sanguinarios líderes de la ultraderecha y Diego Fernando Murillo (alias «Don Berna), un antiguo lugarteniente del abatido capo del narcotráfico Pablo Escobar que en los años noventa se sumó a las AUC.
Las AUC son señaladas como responsables de al menos 9 mil asesinatos, en su mayoría de civiles incluyendo dirigentes de izquierda, sindicalistas y campesinos que vivían en zonas de influencia de las guerrillas izquierdistas, contra las cuales habían lanzado una guerra a muerte.
La oposición colombiana acusó hoy al gobierno de realizar la extradición para torpedear las investigaciones que se realizan sobre los vínculos entre la ultraderecha y políticos cercanos al oficialismo.
«El gobierno está enviando hacia Estados Unidos a los mismos jefes paramilitares (de ultraderecha) que firmaron los acuerdos con los «parapolíticos»», señaló Rafael Pardo, ex aspirante presidencial del opositor partido Liberal.
Iván Cepeda, director de una fundación de víctimas, dijo que la extradición apunta a dejar en la impunidad a los políticos, militares y empresarios que estuvieron detrás de esos crímenes.
«Esta decisión busca impedir que se identifique a los cómplices políticos, militares y económicos, una parte de los cuales están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia», señaló Cepeda.
Unos 63 congresistas, casi en su totalidad de la coalición de gobierno, son investigados por sus vínculos con los grupos paramilitares. De esa cifra, 32 legisladores se encuentran detenidos, entre ellos el senador Mario Uribe, primo del mandatario.
Mañana el gobierno del presidente Alvaro Uribe extraditó hacia Estados Unidos al jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, y advirtió que tomaría la misma decisión si comprobaba que los dirigentes de la ultraderecha continuaban delinquiendo.
Por su parte, los líderes de ultraderecha habían admitido en el pasado que contemplaban como opción una negociación directa con la justicia de Estados Unidos, en donde enfrentan cargos por el envío de cargamentos con toneladas de cocaína.
El año pasado la prensa colombiana informó que los antiguos jefes paramilitares contactaron desde la cárcel a través de sus abogados a las autoridades estadounidenses para explorar la posibilidad de recibir beneficios judiciales en las causas que les siguen por narcotráfico.
Una alocución del presidente Uribe, en la que debía explicar las razones de la extradición, y que había sido citada muy temprano en la Casa de Nariño fue aplazada para el mediodía.
La oposición colombiana acusó hoy al gobierno del presidente ílvaro Uribe de extraditar hacia Estados Unidos a los más importantes jefes paramilitares, para torpedear las investigaciones que se realizan sobre los vínculos entre éstos y políticos cercanos al oficialismo.
«El gobierno está enviando hacia Estados Unidos a los mismos jefes paramilitares (de ultraderecha) que firmaron los acuerdos con los «parapolíticos»», señaló Rafael Pardo, ex aspirante presidencial del opositor partido Liberal.
Unos 63 congresistas, casi en su totalidad de la coalición de gobierno, son investigados por sus vínculos con los grupos paramilitares, acusados de centenares de crímenes y masacres de campesinos y civiles a los que acusaban de colaborar con la guerrilla.
De esa cifra, 32 legisladores se encuentran detenidos de forma preventiva, entre ellos el senador Mario Uribe, primo del mandatario.
Pardo señaló que la extradición de los jefes paramilitares ratifica el fracaso de la polémica ley de «justicia y paz», que concedía amplios beneficios judiciales a los líderes de los grupos armados que se desmovilizaran, confesaran sus delitos y entregaran bienes para reparar a sus víctimas.
Por su parte, la ex canciller y dirigente del Polo Democrático (izquierda), María Emma Mejía, dijo que la decisión es una «tragedia» para la justicia colombiana que no podrá juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos por los paramilitares.
«Si ya la extradición comienza a ser utilizada con personas que tienen delitos de lesa humanidad es una tragedia para Colombia» señaló.
«Todos ellos tenían delitos de lesa humanidad que debían haber sido juzgados en Colombia y por Colombia», agregó.
El gobierno colombiano extraditó hoy hacia Estados Unidos a 14 colombianos, entre ellos 13 jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que estaban en la cárcel tras haberse entregado con unos 31 mil de sus hombres, en un proceso que terminó en 2006.
Por su parte, Iván Cepeda, director de una fundación de víctimas, dijo que estas decisiones afectan gravemente los derechos de los familiares de los asesinados por los paramilitares, y se dirige a dejar en la impunidad a los políticos, militares y empresarios que estuvieron detrás de esos crímenes.
«Esta decisión busca impedir que se identifique a los cómplices políticos, militares y económicos, una parte de los cuales están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia», señaló Cepeda.