Según estadísticas reportadas por la PNC, al 30 de junio se habían producido 2 mil 882 homicidios y las proyecciones al finalizar este año son de 5 mil 764, 17 casos menos en comparación de 2007, el último año de gobierno del presidente í“scar Berger, que el presidente Colom calificó como el más nefasto, porque fue durante el gobierno de «los empresarios» que este flagelo se agudizó.
Durante los primeros seis meses del año de la administración del presidente Colom, se han registrado más de dos mil ochocientos ochenta y dos (2,882) homicidios en el país, estadística que preocupa y mantiene en vilo a la ciudadanía, puesto que según el Centro de Estudios de Guatemala (CEG) la proyección al final de este año es de 5 mil 764 casos.
El total de homicidios registrados por la Policía Nacional Civil (PNC) revela que la inseguridad ciudadana es uno de los talones de Aquiles no sólo de este gobierno, sino de quienes lo han precedido, pero que cobró un repunte impresionante a partir de la administración de í“scar Berger, que cerró su primer año de gobierno con 4 mil 507 y culminó su administración con 5 mil 781 homicidios.
La semana pasada, el presidente Colom calificó al gobierno de su antecesor í“scar Berger como uno de los más nefastos, porque fue durante su gestión que la inseguridad ciudadana tocó fondo, sin embargo, al observar el comportamiento de ese flagelo por el número ascendente de casos reportados, el gobierno de Colom también reprueba esta materia.
Operadores de justicia viven clima de terror
Por otra parte, la Fundación Myrna Mack envió un informe preliminar sobre violencia contra operadores de justicia al Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados con el fin de que el Relator Especial esté al tanto de la situación y analice la posibilidad de solicitar al Estado de Guatemala algunas acciones que protejan la vida de quienes laboran en el sector justicia.
De acuerdo al seguimiento de casos, la fundación denunció violencia selectiva contra operadores que conocen casos de alto impacto, entre ellos, el de El Boquerón, Parlacen y Víctor Rivera. Según la denuncia, hay tensión alrededor de esos hechos, además de otros como los relacionados con la «narcomatanza», ocurrida en Zacapa en marzo pasado.
Además, se conoció que se vive un ambiente de terror en algunos espacios de la administración de justicia, particularmente en las instancias donde se llevan casos de alto impacto vinculados a delitos cometidos durante el conflicto armado interno, hechos del crimen organizado y situaciones que podrían develar la participación directa o indirecta de funcionarios.
El fenómeno de la violencia, según la fundación Mack, suele provocar anualmente más de cien casos que afectan a funcionarios y autoridades de la administración de justicia, abogados litigantes; y hay fuertes evidencias de que este problema se ha reactivado en los últimos seis meses.
En lo que va del año, en el Organismo Judicial han sido reportados más de 40 casos de amenazas, principalmente contra jueces de paz, magistrados de sala y han sido asesinados otros. Las propias entidades de justicia no han podido resolver ninguno de los casos de delitos contra operadores de justicia, ni los de alto impacto, menos aún los que casi pasan inadvertidos, agrega.
Reaparece la CICIG
Pero como contrapartida, la CICIG que casi se estrena junto a este nuevo gobierno, recién entregó una investigación a la Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Gobernación y Organismo Judicial que identifica un listado de operadores de justicia que según afirmó el director de la comisión internacional, Carlos Castresana, están obstruyendo la aplicación de la justicia.
Esta es una de las tesis más creíble, porque no es un secreto para nadie que el crimen organizado está infiltrado en todas las instituciones públicas, empezando por la Policía que de llevarse a cabo realmente una profunda depuración la institución se quedaría con pocos elementos.
Sólo el 2.63% de delitos contra la vida son resueltos
El panorama es desalentador porque sólo el 2.63% de los casos de delitos contra la vida que conoce el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia son resueltos, lo cual se traduce en niveles de impunidad alarmantes, sin mencionar la comisión de delitos en otros ámbitos, tales como administrativos, migración, educación, salud, etcétera.
Los jueces afirman que no pueden condenar si no cuentan con pruebas, mientras que el Ministerio Público (MP) a través de una costosa campaña mediática que recién concluyó, se vanagloriaba que la lucha contra la delincuencia común y crimen organizado la estaba ganando. Poco o nada le sirvió a Florido que ya tenía los días contados como Fiscal General.
Se va el Fiscal General
Si bien se había escuchado que el Fiscal General, Juan Luis Florido, se iba del cargo, el rumor cobró mayor fuerza después de que una agencia de prensa internacional denunciara este martes la desaparición de 410 folios de denuncias presentadas en el MP en contra de ex funcionarios del gobierno del presidente Berger, que más tarde desmintió la misma fiscalía.
Se especuló que la noticia habría acabado con la paciencia de Colom, quien días antes había señalado a su predecesor Berger como el más nefasto de la historia por los altos niveles de corrupción, de cuya administración Florido fue diputado del partido oficial. Ese mismo día el mandatario anunció la renuncia del Fiscal General.
Contrario a lo que se esperaba, el presidente Colom no descalificó la gestión del hasta entonces Fiscal General, no obstante, los pobres resultados de su administración. Horas antes, la activista de derechos humanos, Hellen Mack había comentado que sería más digno que Florido presentara su renuncia porque para destituirlo debía sujetar a un procedimiento, determinando una causal.
La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) a través de un campo pagado había pedido 24 horas antes a la renuncia de Florido su destitución por su incapacidad manifiesta en casos de alto impacto, tales como los asesinatos de monseñor Gerardi, los diputados salvadoreños, contrabando y evasión fiscal, fuga de los personeros de los bancos en quiebra, entre otros.
Reestructuración, pero mientras tanto
Pero mientras, el presidente Colom reestructura su Gabinete, principalmente en materia de seguridad, que inició tras al trágico deceso del ministro de Gobernación, Vinicio Gómez y viceministro Carlos Umaña, los guatemaltecos debemos continuar viviendo bajo esta zozobra, porque todo mundo sabe a qué horas sale de su casa para ir al trabajo o a la escuela, pero nadie sabe si retornará.