El presidente ílvaro Colom anuló el Estado de Prevención decretado ayer en la cabecera municipal de Huehuetenango, a raí­z de los enfrentamientos entre pobladores descontentos por el mal manejo de la basura y policí­as que reprimieron la manifestación contra autoridades locales.

En su discurso inaugural del «Gobernando con la Gente» que se lleva a cabo en Huehuetenango este fin de semana, Colom anunció la eliminación de la medida tomada

Según el vocero presidencial, Fernando Barillas, y representante del gobierno central en la mesa de diálogo instalada ayer por la tarde, la decisión del gobernante obedece a los resultados que se dieron en la discusión, en la cual las autoridades locales y la sociedad civil huehueteca acordaron que la disposición final de la basura serí­a retomada por la comuna.

Los disturbios se generaron porque la comuna carece de un vertedero público, lo cual genera la acumulación de unas 10 toneladas diarias de desechos. Los pobladores también exigen la renuncia de la corporación municipal.

Barillas señaló que la mesa de diálogo continúa hoy para abordar el tema polí­tico, empero, advirtió que el gobierno central únicamente mediará para que sociedad y autoridades locales logren un consenso.

En el «Gobernando con la Gente» que se desarrolla en el citado departamento, se discutirán los temas de educación, salud, infraestructura social, agricultura, productividad y medio ambiente.

RECHAZO

Analistas y organizaciones sociales manifestaron su rechazo ante la reiterada decisión del mandatario de decretar estados de prevención, como una forma de buscar la gobernabilidad del paí­s, en lugares como San Marcos, Sacatepéquez y Coatepeque, donde los conflictos entre pobladores y autoridades locales no han sido resueltos.

El analista independiente ílvaro Pop cuestionó la falta de explicación sobre la incoherencia de las acciones para resolver temas de seguridad en la capital y en los departamentos.

«Si tenemos que enfrentar, por temas como los del basurero, estados de Prevención o incluso de Excepción hay una debilidad en términos del enfrentamiento de la seguridad en el paí­s y las crisis sociales desde el Ministerio de Gobernación», dijo Pop.

Por su parte, Marco Antonio Canteo, analista y director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCPG), consideró que la medida comienza a ser la regla y no la excepción, puesto que, pese a que la misma es una disposición reconocida constitucionalmente, debe ser decidida como último recurso.

Asimismo, estimó que con ello se genera una criminalización «más fácil», de las reivindicaciones y protestas sociales, por lo que adujo que «no se puede continuar así­, sin reformar el sistema de seguridad y de justicia en el paí­s».