CC ordena nuevamente al Mineduc que proporcione los listados de los beneficiados con el programa social Mi Familia Progresa, esto a pesar de que el Gobierno justifique la negativa por «seguridad» de las personas. «Quieren arruinar el programa», dice Colom.

Luego de finalizado el programa radial Despacho Presidencial, ílvaro Colom indicó que los abogados de la Presidencia analizan la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en donde se ordena que el Ministerio de Educación debe entregar los listados de las personas que han sido beneficiadas con el programa social, «Mi Familia Progresa» a la Contralorí­a General de Cuentas (CGC).

«Es tan fácil que los diputados vayan con sus alcaldes y pregunten quiénes son (los beneficiarios); lo que pasa es que quieren arruinar el programa, porque no les gusta, yo creo que andan atrás de destruir esos programas, pero yo no lo voy a permitir», dijo Colom

La postura del mandatario sigue siendo el peligro al que serí­an expuestos los beneficiados de ser revelado el nombre, dirección y número de cédula de cada uno de ellos. «Es un verdadero riesgo entregar esos listados; el único paí­s que los entregó se politizó totalmente y se arruinó, fue Perú», asegura.

A LA ESPERA

Luego de que la CGC presentara un amparo ante la CC para obtener los datos, el Mineduc presentó los recursos de Aclaración y Ampliación de la resolución de la Corte. Sin embargo, hoy fueron declarados sin lugar estos recursos, ordenando de esta manera que se debe cumplir con lo antes solicitado.

Según indicó Daniel de la Peña, director de Asuntos Jurí­dicos de la CGC, contra la resolución de la CC no hay posibilidad para ningún recurso por lo que esperan que los listados sean entregados por el Ministerio en cuanto reciban la notificación. Además, de manera personal, Peña indica que los beneficiados no corren ningún riesgo con ello.

NOTIFICADO

Para Bienvenido Argueta, ministro de Educación, el problema es la confidencialidad de los beneficiados, pues son ellos quienes determinan, al momento de firmar el contrato, si su información es confidencial o no. Además, según Argueta esto también está contemplado en la Ley de Libre Acceso a la Información.

«Nosotros estamos de lado de la gente que recibe los fondos, la gente pobre también merece confidencialidad y respeto y lo que aquí­ está en juego, más que transparencia es el trato humano y digno a las personas», afirma el Ministro.