Miguel íngel Reyes Illescas
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Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC)
En un Estado de Derecho de perfiles nuevo-liberales, teórica y prácticamente la ley y las jurisdicciones de los tribunales, se dirigen al reconocimiento privilegiado de los derechos civiles y políticos de primera generación, específicamente, los derechos a la propiedad privada y a la seguridad. Entendida ésta como orden público y aquella, como exclusividad sin límites. Este punto es crucial, no solo porque es una reminiscencia tardo-liberal del Estado gendarme, del Estado policía, sino porque reduce ideológicamente los conceptos de propiedad y de seguridad.
¿Puede y debe un gobierno que se dice social-demócrata intentar una modificación de tal concepto? ¿Está este gobierno en condiciones y posibilidades de hacerlo? A estas alturas Berger llevaba dos docenas de desalojos y casi una decena de campesinos extrajudicialmente asesinados. Ese era su estado de derecho.
La noción propagada de Estado de Derecho exige el cumplimiento de la ley independientemente de su justicia, validez y legitimidad. Prevalece en la aplicación e interpretación de la ley de los organismos judiciales y de los abogados. Con esta noción, Kelsen, el positivismo jurídico, los nuevos-liberales y los publicistas confunden legalidad y eficacia de un orden jurídico, con justicia, legitimidad y validez de las normas. Una ley que no es justa, moralmente no es obligatoria decía Maritain.
Y en nuestras versiones criollas del Estado de Derecho, a los señores del dinero les duele y les cuesta el sólo reconocimiento formal de los derechos de los trabajadores y abominan su ejercicio. Claman por la criminalización de la demanda social y la punición de sus líderes. Máxime si son campesinos e indígenas, o que se llamen Joviel, Rodolfo de León o Ramazzini. Hay que dilapidarlos.
Sin embargo, tres buenas noticias
Me cuesta explicar por qué en el informe de los cien días del Presidente no se apuntó como logros la emisión de la Ley marco de seguridad y la que tipifica el feminicidio como delito. Por qué ese extraño silencio en la firma del pacto colectivo con los maestros. ¿Será producto del estilo a veces displicente del gobernante o fueron subproductos no intencionales y prioritariamente buscados, resultados del juego y la lucha de poderes?
En cualquier caso, desde las perspectivas democráticas en América Latina, son buenas noticias. Especialmente el pacto colectivo con el magisterio es de trascendencia nacional e internacional. Si en 1976, la consolidación de la CNT y el CNUS desataron la organización campesina-indígena y las intensas movilizaciones posteriores, el triunfo del sindicato de la Coca-Cola impactó en el mundo en 1984 y, en Guatemala, tendió a rearticular el movimiento popular y social en la UASP. ¿Estará el triunfo de los maestros convocando un nuevo ciclo de afirmación social?
La firma del pacto no fue una dádiva ni un arreglo clientelar. Fue una lucha de más de una década, fue el producto de un balance de fuerzas y de una comprensión adulta de las rutas. Hasta el señor Fukuyama, podría admitirlo, y no se trata solamente, como antaño, de la lucha por los corazones y las mentes, él sabe ahora que hacen falta «el pan y la mantequilla».
Prioridades y criterios
De su plan de los cien días quizá dos puntos sobresalen como cumplidos. Efectivamente, una de sus prioridades fue tomar control de los puestos «clave» de gobierno y, ante la falta de unidad y fuerza de su partido, centrar la «gobernanza dura» en la primera dama y su hermana. También la seguridad y la dirección de las fuerzas armadas irlas dejando en manos aliadas, quizá sin importar el precio.
Más borrosa pero presente ha sido su prioridad hacia los no privilegiados. Hasta ahora ha sido solo un criterio para planificar, asignar algunos recursos e iniciar proyectos de alcance limitado. En ciernes quizá un intento de integrar programas de distintas dependencias hacia un manejo departamental y municipal en áreas de pobreza con probable soporte de Codedes y Comudes. Observadores opinan que en esta prioridad, no tiene la fuerza para superar la manipulación clientelar, anclada en instituciones y prácticas.
Un contexto, un partido y un estilo
Es claro que no pueden atribuirse al Gobierno la falta de solución a los problemas sociales y de seguridad de antigua duración, ni la herencia de sus acentuados deterioros durante el gobierno de Berger. Ese contexto nacional y los impactos de la coyuntura internacional han sido, son y serán las causas de sus mayores reveses y no los podrá resolver. Ambos, refuerzan la pendiente de la falencia estatal y llevan a crisis intermitentes.
Es muy probable que tampoco pueda resolver las debilidades internas de su partido y en el Congreso. Las capacidades de la UNE como partido, su fuerza, es escasa. Estuvo y está obligado a la negociación constante, y los pocos recursos y pérdida institucional del Estado le continuarán llevando a insuficiencias y tropiezos. No puede ni podrá conducir el gobierno con firmeza, únicamente puede sobrellevarlo con alguna dirección.
Independientemente de otras fuerzas actuando atrás del telón político, Portillo tenía un partido fuerte y un estilo ágil y audaz de gobernar. Berger no gobernaba, ni le interesaba hacerlo, fue llevado y mantenido en la presidencia para hacer los meganegocios propios y de las familias poderosas económicamente. Portillo no podía prescindir de las fuerzas armadas para encararlas, Berger no necesitaba hacerlo. En el estilo conciliatorio y frágil a las presiones de Colom, ¿qué más podía y puede esperarse? Que las falencias y las crisis no sean estrepitosas y que de ellas se produzcan avances democráticos.
Fuera de reservas de analistas de Flacso, reconocimientos puntuales de Asies y de algún comentarista, el clima desfavorable al nuevo gobierno comienza a crecer. Con todo, las críticas no forman todavía corrientes estructuradas de opinión y, salvo excepciones, se mueven dentro de márgenes de espera.
Visto así, el Gobierno y su presidente aún no tienen nuestra confianza pero el beneficio de la duda se mantiene.
Miguel íngel Reyes