El presidente ílvaro Colom anunció la creación de la Comisión Presidencial Contra la Impunidad, un ente permanente y oficial que será la contrapartida de la CICIG en Guatemala.
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En un acto oficial, el mandatario se refirió al clima de inseguridad y violencia que vive el país, así como de los esfuerzos que realizará el Gobierno para enfrentar esa situación.
En su discurso, indicó que presentará al Consejo de Ministros la propuesta para la creación de la Comisión Presidencial Contra la Impunidad.
El nuevo ente tendrá a su cargo la investigación de actos ilícitos dentro del Estado, con lo que ofrecería un respaldo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG).
Colom no detalló la forma y lapso en que se integrará la nueva entidad, ni las competencias de la misma, sin embargo dejó ver que será una unidad permanente y oficial para realizar aportes a la justicia.
El portavoz presidencial, Fernando Barillas aclaró que la intención de la nueva Comisión será «institucionalizar» los esfuerzos del Estado para combatir a la impunidad.
CICIG
El jurista español Carlos Castresana dirige desde el 2007 la CICIG, una institución de la Organización de Naciones Unidas encargada de investigar casos de alto impacto y llevar a la justicia los procesos judiciales que permanecen impunes.
En reiteradas ocasiones, Castresana ha declarado que el Estado debe contribuir a la lucha contra la impunidad por medio del fortalecimiento de las instituciones gubernamentales de justicia y seguridad.
En consecuencia, Barillas asegura que «en algún momento» finalizarán las funciones de la CICIG por lo que se espera dejar «institucionalizados» los esfuerzos para combatir la impunidad con la nueva Comisión dependiente de la Presidencia.
En recientes declaraciones, Colom indicó que el gobierno respalda el trabajo realizado por Castresana y ha dejado ver la posibilidad de aprobar la extensión de sus funciones en el país, pese a esto mantienen la intención de crear un ente oficial que se encargue del mismo tema.
SIN RESOLVER
Dentro de los casos que se mantienen en la impunidad se cuenta el de la Asociación para la Justicia y la reconciliación, que señala al Ejército de ser el responsable de genocidio durante la década de los ochentas.
En ese contexto, el ministro de la Defensa, Abraham Valenzuela, ofreció crear una comisión para investigar el paradero de los archivos sobre las operaciones militares Sofía e Ixil, que debían ser entregados la semana pasada al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal para constituirlos como medios de prueba.
Sin embargo, Valenzuela únicamente entregó los planes Victoria 82 y Firmeza 83, y mencionó que los otros dos no se habían encontrado dentro de la institución castrense por lo que duda de su existencia.
El funcionario militar dejó ver que los planes podrían haber desaparecido y posteriormente sido destruidos luego de su ejecución, sin embargo continuó sin confirmar su existencia.
Las organizaciones sociales que intervienen como querellantes adhesivas en este caso han solicitado la intervención de la justicia en el Ministerio de la Defensa para exigir la entrega de los documentos oficiales que se contribuirán como pruebas.