El presidente ílvaro Colom, amenazó con iniciar juicios por sedición contra las personas que exigieron su renuncia en mayo pasado, tras el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien lo acusó de su muerte en un video póstumo, desatando una crisis política.
«He dado la instrucción a todas las agencias jurídicas del Ejecutivo para que, inmediatamente después de aclarada la investigación, el Estado demande por sedición» a las personas que exigían su renuncia del poder para someterse a los tribunales de justicia, afirmó el gobernante a periodistas locales.
La demanda será contra «todos los que estén involucrados en la organización, dirección y, en algunas casos, a los que se subieron y se les pasó la mano y se convirtieron en jueces provocando manifestaciones públicas, no para demandar verdad y justicia, porque en eso no hay ningún delito; pero todos los que se subieron para derrocar a un gobierno, tienen que pagarlo», advirtió.
Las declaraciones de Colom se dieron después que fueran capturados el viernes nueve miembros de una banda integrada por dos ex policías, dos policías en activo, un ex militar y cuatro particulares vinculados con el crimen.
«Yo lo he dicho una y otra vez: esto fue un acto de sedición, tiene características de desestabilización, no se hizo por obra y gracia del Espíritu Santo; se hizo con maldad, planificado, muy bien planificado», agregó Colom durante una gira de trabajo en el interior del país.
Tres días después del asesinato de Rosenberg, el pasado 10 de mayo, fue divulgado un video póstumo de la víctima donde acusa al mandatario de su segura muerte, lo cual generó masivas protestas para exigir la renuncia del gobernante, que fue tildado de «asesino».
A raíz de las protestas surgió el llamado Movimiento Cívico Nacional, integrado en su mayoría por jóvenes que se comunican por redes sociales de Internet.
El delito de sedición está tipificado en el Código Penal y tiene una pena de uno a cinco años de prisión y una multa de entre 12 y 250 dólares.
El Jefe de Estado también comentó que estará a la espera de la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), avalada por la ONU, para esclarecer el caso.
«Son importante (las capturas de) los sicarios, pero lo más importantes son los intelectuales, para que quede totalmente aclarado el asunto», puntualizó.