La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe de sus labores en Guatemala, donde resalta que la seguridad y la justicia son los mayores problemas de los ciudadanos. Señala que como han colapsado las instituciones de seguridad y justicia, han surgido grupos locales de vecinos de seguridad, que buscan proveerse de seguridad y justicia por mano propia, ante las deficiencias del Estado.
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El informe indica que el Estado continúa careciendo de una política estratégica de combate a la inseguridad e impunidad, que la falta de implementación del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia, aprobado en 2009 por todas las ramas del poder, no ha presentado resultados positivos, por lo cual se cuestiona la voluntad política para realizar los cambios estructurales que urgen en el país.
Además señala que los niveles de inseguridad son preocupantes, generando desconfianza y desesperación a la población en general, y que la violencia causada por el crimen organizado es de particular preocupación.
El 15 de mayo fueron decapitados 27 campesinos, incluyendo a dos mujeres y dos niños, por miembros de un grupo del crimen organizado en la Libertad, Petén; y el homicidio y descuartizamiento de Allan Stowlinsky, auxiliar fiscal de Cobán, presuntamente relacionado con esta masacre, señala que con estos casos se ilustra la debilidad del Estado para proteger a la población y su pérdida de control territorial, dejando a los guatemaltecos vulnerables frente al crimen organizado.
El informe también indica que el Estado continúa delegando funciones de seguridad ciudadana a empresas privadas, con una mínima rendición de cuentas, además que Guatemala ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial con más seguridad privada en relación con el número de agentes de la Policía Nacional Civil.
Además, el informe indica que la Alta Comisionada ha expresado su preocupación sobre el hecho de que las empresas de seguridad privada han llegado a sustituir las obligaciones del Estado para proveer seguridad, sin un registro y control adecuado.
El régimen disciplinario en el Organismo Judicial y en el Ministerio Público todavía no asegura procedimientos ágiles, objetivos y transparentes que representen las garantías del debido proceso, ya que los procedimientos actuales no permiten la remoción de funcionarios públicos que no realicen sus funciones de manera independiente e imparcial, señala dicho informe.
El informe también señala que proyectos de ley relevantes para la protección de los Derechos Humanos en el ámbito de seguridad y justicia, incluyendo reformas a las carreras judicial y fiscal, las leyes de amparo, antejuicios, armas y municiones, y contra la corrupción, así como sobre el programa de reparación y la comisión de búsqueda de victimas de desaparición forzada, siguieron sin aprobarse por el Congreso. No se aplicaron por parte del Congreso mecanismos efectivos de monitoreo o control para la implementación de la legislación vigente por parte de ese organismo.