Representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se pronunciaron este día, tras el avance en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP).

Alberto Brunori, representante de la comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, en conferencia de prensa, refirió que la información investigada tanto por la oficina como por el MP, compromete al Estado en la muerte de personas.

“Según información recabada por la Oficina la cual coincide con la información vertida por el MP, existen elementos para considerar que la muerte de las 8 personas podría comprometer la responsabilidad del Estado de Guatemala”, explicó.

Por otro lado, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, pidió a las autoridades seguir con las investigaciones.

Antes de la conferencia de prensa del MP, el PDH habría solicitado a las autoridades investigar la cadena de mando en las fuerzas de seguridad y del Ejército, que habrían tenido participación en los hechos. También se pidió que se revisen los protocolos de diálogo y de operación de fuerzas de seguridad en desalojos.

Según se indicó, la PDH brindó acompañamiento a los familiares de los fallecidos, a través de la auxiliatura departamental de Totonicapán, inició investigaciones desde el momento en que se dieron los hechos, acudió personalmente a Totonicapán.

Por su parte, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, rindió un informe esta mañana respecto a los sucesos.

Brunori indicó que ya se le había indicado al Estado sobre los riesgos de utilizar al Ejército en la seguridad pública, especialmente en temas de mucha conflictividad social.

Señaló que existen elementos relevantes para considerar que la muerte de las ocho personas podría comprometer la figura del Estado bajo la figura de ejecución extrajudicial.

Este informe se realizó con el testimonio de trece comunitarios.