Seigniory and Lordship, Mr. Stephen McFarland y Su Señoría Criolla, Don Pedro de Alvarado Colón, ahora Don Alvaro Colom Caballeros.
En el primer artículo explicamos por qué afirmarnos que, de hecho, el Presidente, actúa siguiendo los consejos o las indicaciones del Embajador McFarland, aunque reconocimos que en su modo de proceder usa guantes de seda y no el garrote como lo hicieron Richard Patterson y John Peurifoy, pero también manifestamos que actuará como los ex embajadores Kyle y Whitehouse, que no lo ha hecho.
Y terminamos el escrito anterior diciendo: «En el próximo artículo ahondaremos el análisis de este atropello inconstitucional, pues el Estado, de hecho deja de ser soberano, como también lo afirma en boletín del 14 del presente mes, la organización popular FRENTE ANTIRREFORMAS OLIGíRQUICAS (FARO). Del pronunciamiento de FARO, porque estamos de acuerdo con su enjuiciamiento, citaremos varias de sus certeras acotaciones: Día nefasto para nuestra patria: en contra de los intereses del pueblo, los diputados comprometidos con los intereses oligárquicos aprueban la «Ley de alianzas público- privadas. La Ley fije aprobada por el Decreto 16-2010, con el nombre de «Ley de Participación Público Privada en Materia de Infraestructura». Así los diputados traidores de mentalidad colonial e ideología neoliberal (siguiendo los dictados de McFarland – Colom) crean las condiciones legales necesarias para que las grandes empresas nacionales y transnacionales «inviertan» en la construcción de los megaproyectos que establece el Plan Mesoamérica -antes llamado PLAN PUEBLA PANAMí- que entre otras cosas, (nosotros decimos, la militarización de nuestros países) busca garantizar la existencia de la infraestructura de transporte necesaria -carreteras, infraestructura de ferrocarriles, portuaria y aérea, red eléctrica y de telecomunicaciones- para la realización de los grandes negocios del gran capital transnacional y una parte del nacional.
Además: 1) Los proyectos imperialistas facilitados por las «alianzas público-privadas» convertirán a nuestra patria en una especie de aparcamiento de los contenedores que trasladarán mercaderías de un punto a otro del Continente. 2) Somete al Estado de Guatemala a órganos de arbitraje Internacional (los cuales agregamos, son siempre dominados por USA). 3) Instituye la expropiación de las propiedades que interesen a las grandes empresas para la realización de los megaproyectos (seguramente van a ser las tierras de la población indígena y no la de los latifundistas, y si fuesen expropiadas éstas, sería con indemnizaciones sobrevaloradas. 4) Por supuesto ignora el derecho de los pueblos a que se les consulte «cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente» (Convenio 169 de la OIT). 5) Excluye las concesiones de las «alianzas público -privadas de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado (la cual en sus artículos 95 y 97, obliga al concesionario a prestar el servicio » a su cuenta y riesgo» y el Estado sólo está obligado a autorizar la tarifa, conforme a la cual el concesionario cobra al usuario.
Los diputados del bloque de la URNG, correctamente, no votaron a favor de la aprobación de la Ley.
Por último, el pronunciamiento de FARO termina recordando al pueblo de Guatemala, en particular a los pueblos indígenas, cuyos derechos y territorios están en peligro, que según el artículo 45 de la Constitución Política de la República , «Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignadas en la Constitución.