En el primer artí­culo explicamos por qué afirmarnos que, de hecho, el Presidente, actúa siguiendo los consejos o las indicaciones del Embajador McFarland, aunque reconocimos que en su modo de proceder usa guantes de seda y no el garrote como lo hicieron Richard Patterson y John Peurifoy, pero también manifestamos que actuará como los ex embajadores Kyle y Whitehouse, que no lo ha hecho.

Y terminamos el escrito anterior diciendo: «En el próximo artí­culo ahondaremos el análisis de este atropello inconstitucional, pues el Estado, de hecho deja de ser soberano, como también lo afirma en boletí­n del 14 del presente mes, la organización popular FRENTE ANTIRREFORMAS OLIGíRQUICAS (FARO). Del pronunciamiento de FARO, porque estamos de acuerdo con su enjuiciamiento, citaremos varias de sus certeras acotaciones: Dí­a nefasto para nuestra patria: en contra de los intereses del pueblo, los diputados comprometidos con los intereses oligárquicos aprueban la «Ley de alianzas público- privadas. La Ley fije aprobada por el Decreto 16-2010, con el nombre de «Ley de Participación Público Privada en Materia de Infraestructura». Así­ los diputados traidores de mentalidad colonial e ideologí­a neoliberal (siguiendo los dictados de McFarland – Colom) crean las condiciones legales necesarias para que las grandes empresas nacionales y transnacionales «inviertan» en la construcción de los megaproyectos que establece el Plan Mesoamérica -antes llamado PLAN PUEBLA PANAMí- que entre otras cosas, (nosotros decimos, la militarización de nuestros paí­ses) busca garantizar la existencia de la infraestructura de transporte necesaria -carreteras, infraestructura de ferrocarriles, portuaria y aérea, red eléctrica y de telecomunicaciones- para la realización de los grandes negocios del gran capital transnacional y una parte del nacional.

Además: 1) Los proyectos imperialistas facilitados por las «alianzas público-privadas» convertirán a nuestra patria en una especie de aparcamiento de los contenedores que trasladarán mercaderí­as de un punto a otro del Continente. 2) Somete al Estado de Guatemala a órganos de arbitraje Internacional (los cuales agregamos, son siempre dominados por USA). 3) Instituye la expropiación de las propiedades que interesen a las grandes empresas para la realización de los megaproyectos (seguramente van a ser las tierras de la población indí­gena y no la de los latifundistas, y si fuesen expropiadas éstas, serí­a con indemnizaciones sobrevaloradas. 4) Por supuesto ignora el derecho de los pueblos a que se les consulte «cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente» (Convenio 169 de la OIT). 5) Excluye las concesiones de las «alianzas público -privadas de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado (la cual en sus artí­culos 95 y 97, obliga al concesionario a prestar el servicio » a su cuenta y riesgo» y el Estado sólo está obligado a autorizar la tarifa, conforme a la cual el concesionario cobra al usuario.

Los diputados del bloque de la URNG, correctamente, no votaron a favor de la aprobación de la Ley.

Por último, el pronunciamiento de FARO termina recordando al pueblo de Guatemala, en particular a los pueblos indí­genas, cuyos derechos y territorios están en peligro, que según el artí­culo 45 de la Constitución Polí­tica de la República , «Es legí­tima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantí­as consignadas en la Constitución.