En efecto, desde hace algún tiempo ha sido frecuente que la prensa escrita y otros medios de comunicación al informar de importantes problemas a los cuales se les está buscando solución, invariablemente se menciona el nombre del embajador McFarland. Recuerdo un caso en el cual el Presidente de Guatemala, al parecer, no había sido entrevistado y sí el señor McFarland y él declaró algo así: «… sí, estuve dialogando con el Ing. ílvaro Colom respecto a ese problema, y yo le dije lo que haría si fuese yo quien tuviera que resolverlo. Y, el presidente Colom así lo hizo».
A los ciudadanos guatemaltecos defensores de la dignidad nacional y de la soberanía e independencia de nuestra Nación y Estado, no les impide su patriotismo y nacionalismo que los representantes diplomáticos de otros países se interesen en los asuntos de Guatemala, pero sí les molesta y les ofende que esa simpatía y colaboración se preste si el diplomático acreditado actúa como si fuese un Poncio Pilatos. Y no todos los embajadores de los EE.UU han actuado de esa manera.
De mi parte, puedo asegurar que cuando triunfó la Revolución del 20 de Octubre de 1944 y durante los primeros años del gobierno del Dr. Juan José Arévalo, al Embajador Edwin Kyle, nunca lo olvidó la juventud democrática y progresista, por su don de gentes y sincera y probada amistad con el pueblo de Guatemala, así mismo, el Embajador que, durante la administración de Arévalo, sustituyó a Richard Patterson, Sheldon Whitehouse, se desempeñó siempre de manera respetuosa y amigable. Ni hablar, de los otros dos: Patterson y Peurifoy, quienes se distinguieron por sus patanerías. El actual, McFarland, al contrario es gentil hombre, cordial, tolerante a las críticas que se le hacen y aún amistoso, por lo cual, debiera conducirse, en todo, como
Kyle y Whitehouse y nunca como Patterson y Peurifoy.
Dicho lo anterior comentaremos su última intromisión pública en asuntos propios de las autoridades públicas de Guatemala, entrometimiento que la gran mayoría de nuestra compleja nación (multiétnica y plurilingí¼e) repudia: como lo es el de su participación en la malvada, inicua y malinchista Ley de Alianzas entre el Sector Público y el Sector Privado para el Desarrollo, pero no de Guatemala, sino de los mega proyectos del Plan Puebla Panamá y Plan Mérida sustanciales para la dominación imperialista, en relación a la cual el Diario Prensa Libre, edición 15/4/010), informó a grandes titulares: «COLOM Y CACIF HACEN LAS PACES Y RETOMAN EL DIíLOGO.
Cerca de cuatro horas y un almuerzo fueron necesarios para que se produjera la reconciliación entre el sector privado y el mandatario ílvaro Colom(…) Además informa: » La aparente disputa entre CACIF y el presidente ílvaro Colom por el envío de la emisión de bonos por Q 4.5 millardos al Congreso se disipó. Durante una reunión en la residencia del embajador estadounidense, Stephen McFarland, quien fungió de nuevo como testigo de honor, la cúpula empresarial y el mandatario limaron las asperezas y acordaron continuar con la mesa de Diago fiscal. «(Las negritas, son nuestras). Y, cuando el embajador de un país que es una gran potencia, se presta a una supuesta mediación, no para resolver pacíficamente un conflicto internacional entre dos países, sino uno interno, entre el sector oligárquico minoritario de una nación y el sector público, como ocurrió en este caso, solapadamente, dizque actuando como testigo de honor, a ese proceder, en Derecho Internacional Público y Privado, se le denomina: intervencionismo estatal imperialista.
Por ahora, ya sólo diremos lo que recientemente dijimos en el artículo anterior a éste, publicado por el diario :La Hora, Tribuna, publicado el 12/4/10: (…) esa alianza pública privada lo que se propone es abrogar el sistema del régimen concesionario guatemalteco, ajustado a los principios del Derecho Internacional Administrativo, conforme los cuales es el Estado el obligado a prestar y administrar los servicios públicos, aun cuando excepcionalmente , está facultado para otorgar a una empresa privada una concesión temporal para que se haga cargo de la prestación del servicio, siempre que el concesionario sea el único responsable de ejercer ese derecho, totalmente POR SU CUENTA Y RIESGO, y el Estado sólo está obligado a autorizar la tarifa, que establece las tasas que el concesionario puede cobrar a los usuarios del servicio, y no a aportar miles de millones de quetzales a favor del concesionario como lo dispone esa «ley del embudo», en perjuicio de nuestra nación.
En el próximo artículo ahondaremos el análisis de este atropello inconstitucional, pues el Estado, de hecho deja de ser soberano, como también lo afirma en boletín del 14 del presente mes, la organización popular Frente Anti Reformas Oligárquicas (FARO).